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El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó este martes la ley que establece una tasa máxima de interés para todos los créditos formales del país con el objetivo de proteger a los deudores del delito de usura crediticia. 

La iniciativa, que recibió el apoyo de los diputados, fija ese tope en un 39% para créditos y tarjetas, mientras que en el caso de los microcréditos (préstamos de ₡675.000 o menos) la tasa máxima será de 55%.

Cualquier cifra por encima de ese techo se consideraría usura y, por lo tanto, delito. El Código Penal castiga con entre seis meses y tres años a quienes lo cometen. 

“Esta ley logra poner un coto a las altas tasas de interés para aliviar el bolsillo de los hogares costarricenses y aliviar el sobreendeudamiento que hay en el país.  Este fue un compromiso de la campaña que me siento muy satisfecho de cumplir”, expresó el mandatario. 

Con la firma y su posterior publicación en La Gaceta, se adicionan los artículos 36 bis, 36 ter y 36 quarter a la Ley 7472 (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor) del 20 de diciembre de 1994.

"Esta normativa es una valiosa oportunidad para dotar a la población y a las empresas de mayor información a la hora entablar y valorar  productos financieros, permitiéndoles relaciones más justas y equilibradas en sus operaciones de crédito", aseguró la ministra de Economía, Victoria Hernández.

Alvarado agradeció el apoyo de diputados como Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana (PAC), David Gourzong del Partido Liberación Nacional (PLN) y María Vita Monge del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), proponentes e impulsores de la iniciativa aprobada en segundo debate hace exactamente una semana. 


La iniciativa tuvo un largo camino en el Congreso, ya que su discusión inició dos años atrás con la llegada de los actuales diputados; también superó una consulta de constitucionalidad. Finalmente, se aprobó con el apoyo de 50 legisladores. 

El Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) han sido claros en que la fijación de esa tasa podría provocar que los sectores más vulnerables queden excluidos del sistema financiero.

El Central había propuesto una tasa máxima de 57%, mientras que la SUGEF 45%.