Informe revela irregularidades y concentración de horas extra en el Congreso
La revisión de los pagos realizados durante el 2024 determinó que 17 funcionarios cobraron entre 300 y hasta 690 horas extra en un solo año.
Un informe de la Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa encendió las alertas sobre el manejo del pago de horas extra, al evidenciar concentración en un grupo reducido de funcionarios y debilidades en los controles administrativos.
La revisión de los pagos realizados durante el 2024 determinó que 17 funcionarios cobraron entre 300 y hasta 690 horas extra en un solo año. De ese grupo, seis pertenecen al área de Transportes, cuatro a Seguridad, cuatro a Mantenimiento, dos a Prensa Institucional y uno a Protocolo.
Más allá de la concentración de pagos, la Auditoría advierte una práctica aún más preocupante: la autorización de horas extra para cumplir labores que forman parte de la jornada ordinaria. La normativa establece que el tiempo extraordinario debe utilizarse únicamente en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, no para cubrir tareas habituales de la institución.
El informe detecta que en varias dependencias el uso de horas extra se repite mes a mes para realizar labores regulares, lo que evidencia problemas de planificación y distribución del personal. A esto se suma la falta de herramientas de control efectivas, ya que la Asamblea no cuenta con un sistema integral de monitoreo que permita generar alertas sobre excesos o irregularidades en la distribución.
La revisión de 1.950 formularios de cobro tramitados en 2024 también dejó al descubierto inconsistencias como tachones, ausencia de firmas de autorización y documentos sin respaldo o justificación clara. Estas fallas debilitan el sistema de control interno y abren el riesgo de pagos indebidos o incluso fraude.
El gasto en horas extra también ha venido en aumento. Entre 2020 y 2024, la subpartida destinada a este rubro contó con ¢1.470 millones, pero fue necesario destinar ¢387 millones adicionales. Solo en 2023 y 2024 se concentraron ¢855 millones, cerca del 46% del presupuesto asignado para todo el quinquenio.
La Auditoría detectó además que nueve funcionarios con cargos de jefatura cobraron más de 1.500 horas extraordinarias en 2024, pese a las limitaciones que establece la normativa para esos puestos.
El informe concluye que urge fortalecer los controles, mejorar la planificación institucional y corregir las prácticas detectadas para evitar un uso inadecuado de los recursos públicos.
