Por Paulo Villalobos 21 de noviembre de 2026, 8:45 AM

El Gobierno de la República y la Corte Suprema de Justicia alcanzaron el viernes un acuerdo para instalar mesas de trabajo para retomar las audiencias virtuales en cárceles y revisar el acceso de los cuerpos policiales a la base de datos de personas con órdenes de captura.

Tanto la presidenta Laura Fernández como la magistrada Patricia Vargas se comprometieron a estudiar ambos temas a nivel de equipos técnicos.

El conflicto alrededor del primero de los puntos se remonta al 3 de agosto pasado, cuando el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) dio por concluido el convenio de cooperación que mantenía con el Poder Judicial para la realización de las vistas remotas en las cárceles.

Encuentro de Supremos Poderes

Mediante ese mecanismo, tanto la cartera como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se evitaban traslados de privados de libertad hasta sedes jurisdiccionales.

La decisión se tomó en medio de reclamos del titular del ramo, Gabriel Aguilar, por el rechazo a un planteamiento de su parte, de que la audiencia de medidas cautelares de Alejandro Arias, más conocido como "Diablo", se hiciera virtual, dado el riesgo que implicaba el traslado de quien fue por la última década el criminal más buscado del país.

Esos comentarios provocaron respuestas del fiscal general Carlo Díaz y el director general de la Policía Judicial, Michael Soto, lo que subió el tono a la discusión hasta conllevar la suspensión del citado trato, pues se interpretó una preferencia de la modalidad presencial.

Pero más adelante, el ministro reveló en un informe ante la Sala Constitucional —en el marco de un amparo presentado por el jefe del Ministerio Público— que en realidad el convenio había vencido desde el 15 de marzo de 2022.

A lo anterior, Justicia agregó en diferentes oportunidades que la custodia de los reclusos durante las diligencias y vistas celebradas en las prisiones conllevó la asignación de 2.775 oficiales de la Policía Penitenciaria a nivel nacional, a pesar de que esta función no forma parte del perfil requerido para ese puesto.

Desde el Poder Judicial se advirtió de los costos que implicaría el hacer el traslado de los reos hasta juzgados y tribunales. Para poner en dimensión, solo el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela celebró 5.000 audiencias virtuales entre 2021 y 2026, lo que conllevaría igual cantidad de transportes.

Pero además, en esa jurisdicción es común que se celebren audiencias en las que una de las partes no tiene recurso y, por ende, estas no tardan más de 5 o 10 minutos. Aun cuando ese sea el caso, el privado tendría que ser transportado hasta la sede judicial para la vista respectiva.

"Hemos conversado sobre temas de audiencias virtuales que es un tema de interés tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio de Justicia Vamos a trabajar conjuntamente, vamos a instalar una mesa de trabajo para llegar a consensos en este tema y por supuesto, se mantiene el interés en transversar sobre distintas iniciativas de ley que puedan ser de utilidad para la ciudadanía", señaló Vargas.

Fernández, en cambio, hizo hincapié en la necesidad de revisar el acceso que tienen los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo a la base de datos de personas con órdenes de captura que maneja el Poder Judicial.

Ese tema ha enfrentado a Michael Soto con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, en las últimas semanas.

"Lo que pretendemos es orientar mejor el trabajo de la Fuerza Pública, de la Policía de Control de Drogas (PCD) y de las diferentes policías a cargo del Gobierno.

"Actualmente, nosotros podemos consultar la base de datos de órdenes de captura, pero hasta después de que capturamos a alguien. Necesitamos un número de cédula en la base de datos y la base nos dice si tiene o no orden y eso está bien. Pero lo podemos hacer mejor si el Poder Judicial, con algún mecanismo que encontremos, nos puede dar acceso a toda esa base de forma tal que nosotros la podamos estudiar y podamos dirigir mejor nuestros operativos", explicó la mandataria.

Para la alta jueza, resulta de suma relevancia que en esa mesa de trabajo vaya a estar presente la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), dada la sensibilidad de la información que implica el saber qué ciudadanos tienen una orden de captura.

Otros temas que se abordarán tienen que ver con la revisión de los protocolos para la atención de solicitudes de allanamiento por parte de la Policía de Control de Drogas que, según la gobernante, en ocasiones toman hasta dos meses en resolverse.

También se mencionó la revisión de leyes y reglamentos para impedir la liberación anticipada de sujetos considerados "peligrosos" a partir de criterios emitidos por el Instituto Nacional de Criminología (INC).

Resorte legislativo

Durante la reunión, Patricia Vargas también planteó a Laura Fernández y a la presidenta de la Asamblea Legislativa y diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Yara Jiménez, la necesidad de dar un impulso a dos reformas que surgieron desde el seno del Poder Judicial.

Se trata de los expedientes 24.913 y el 25.869, con los que —respectivamente— se busca agilizar los procesos penales y fortalecer el combate de la corrupción mediante correcciones puntuales al Régimen Sancionador del Poder Judicial.

"Desde la Asamblea Legislativa nos hemos comprometido a impulsar las reformas, tal y como lo mencionó doña Patricia. Es relevante poder sentarnos, no solamente con el Poder Ejecutivo, que siempre tenemos una coordinación muy cercana, sino también con el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Entonces ya logramos identificar algunos proyectos de ley que me comprometo frente a ellas tres, frente a los costarricenses, a impulsar", indicó Jiménez.

En la agenda de las presidentas de los Supremos Poderes entró, además, la urgencia de hacer una revisión del sistema de financiamiento de partidos políticos, según Fernández.

Sobre los acuerdos alcanzados, se espera que se rindan cuentas y seguimientos en un nuevo encuentro de presidentas previsto para febrero próximo.

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