"Todos perdemos": Poder Judicial alerta por fin de convenio para audiencias virtuales

El Poder Judicial, a través de sus diferentes instancias, advirtió sobre los efectos "graves" de la ruptura del convenio para la celebración de audiencias virtuales, anunciada la noche del lunes por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

Los pronunciamientos llegaron la tarde de este martes desde la Jurisdicción de Ejecución de la Pena, el Ministerio Público y la Defensa Pública, quienes coincidieron en que el modelo que el Gobierno de la República ahora pretende dar por finalizado impactará los tiempos de respuesta, mientras que harán que se incurra en gasto por traslados de privados de libertad, así como de personal.

De acuerdo con el juez de Ejecución de la Pena, Mario Rodríguez, del 2021 a la fecha, se celebraron 5.000 vistas bajo esa modalidad, lo que implicaría igual cantidad de transportes de reclusos hasta la sede del I Circuito Judicial de Alajuela.

"La afectación es bastante grave, porque el traslado de personas privadas de libertad a los diferentes circuitos va a ser mayor", expuso el decisor.

Pero además, en esa jurisdicción es común que se celebren audiencias en las que una de las partes no tiene recurso y, por ende, estas no tardan más de 5 o 10 minutos.

Aun cuando ese sea el caso, el privado tendría que ser transportado hasta la sede judicial para la vista respectiva.

"¿Que nos ahorramos con esto? Nos ahorramos el transporte, nos ahorramos la capacidad operativa que puede tener la administración de justicia y el Poder Judicial, nos ahorramos la alimentación de esos privados de libertad que tienen que permanecer en celdas judiciales por cinco o seis minutos.

"Mientras que si nosotros hacemos las audiencias, es solo sacar a la persona del módulo, ponerlo en el cubículo y hacemos una audiencia que no tiene mayor gasto que solo la conexión", dijo Rodríguez.

Para el juzgador, en esos gastos incurrirá no solo el Poder Judicial, sino también la propia administración penitenciaria, que deberá preparar a los reclusos para su traslado y, en algunos casos, su personal tendrá que transportarse a los juzgados para rendir informes. "Todos perdemos, perdemos dinero, perdemos tiempo", subrayó.

En el caso de la Defensa Pública, su director, Juan Carlos Pérez, advirtió que el impacto será tanto operativo como económico.

"(La decisión) haría entonces que las personas defensoras tengan que trasladarse a los centros penales para atender presencialmente a los privados de libertad, lo que va a incrementar necesariamente los costos económicos de los traslados, gasolina y viáticos, pero sobre todo los tiempos de traslado", indicó el jefe de ese órgano auxiliar.

Pérez puso como ejemplo el caso de funcionarios que tendrían que trasladarse de la Zona Sur al Centro de Atención Institucional Marcus Garvey, en Limón, lo que puede tomar hasta cinco horas.

El director de la Defensa Pública apuntó que, por año, los funcionarios de esa entidad deben atender 700 audiencias aproximadamente, lo que obligará a los funcionarios a salir de las oficinas para atender los llamados que sean necesarios. Tal situación impactará la realización de juicios y la mora judicial.

"La medida adoptada por el Poder Ejecutivo de reducir presupuestariamente los ingresos al Poder Judicial y, consecuentemente, a la Defensa Pública, ya generó un impacto en las decisiones de la Defensa Pública en el sentido de buscar justamente mayor virtualización. Al cerrarse esta oportunidad, el impacto es sentido contrario. Es decir, es un impacto negativo y, entonces, los defensores tendrán que visitar los centros penitenciarios sí o sí de manera presencial para garantizar el ejercicio del derecho de defensa", señaló Pérez.

En igual línea se manifestó el fiscal adjunto de Ejecución de la Pena, Carlos Montenegro, quien apuntó que la medida va a afectar la tramitación de todos los asuntos que se conocen en esa jurisdicción, que comúnmente se denominan "incidentes".

Pero el representante del Ministerio Público agregó que habrá un impacto particular sobre el personal de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Choque previo

El lunes, mediante un comunicado, Justicia indicó que la determinación responde a "las recientes manifestaciones de las autoridades sobre su preferencia de realizar audiencias presenciales".

Algunos de los comentarios relacionados con el tema se contextualizan en la negativa del Poder Judicial a que la vista de medidas cautelares de Alejandro Arias, conocido como "Diablo", se llevara a cabo en modalidad virtual. No obstante, el fiscal general Carlo Díaz explicó en su momento que ello respondió a que personal de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos quería conversar con quien fuera el criminal más buscado del país para conocer su posición sobre una eventual extradición.

La cartera defendió que la finalización del convenio también le permitirá reasignar el recurso policial actualmente destinado a esas diligencias, para fortalecer las labores de vigilancia, control y seguridad dentro de los centros penitenciarios.

Entre enero y junio de 2026, el Sistema Penitenciario Nacional realizó 2.416 audiencias virtuales, de las cuales 944 correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones judiciales.

Sin embargo, para la atención de las vistas virtuales fue necesario destinar 2.775 oficiales a labores de custodia y coordinación.