"Esto no es para negociar", dice Fernández ante recortes anunciados por Corte y TSE

La presidenta Laura Fernández reaccionó este miércoles a los recortes presupuestarios anunciados por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para hacerles ver que estos no responden a una "solicitud".

Durante su conferencia de prensa semanal, a la mandataria se le pidió una valoración sobre las decisiones tomadas por esas instituciones, las cuales adoptaron ajustes diferentes a los que en su momento señaló su ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, que debía representar el 5% del plan de gastos de 2026.

En el caso del Poder Judicial, el recorte debía ser de ₡27.076 millones, pero finalmente se acordó uno de ₡13.242 millones. La Autoridad Electoral recortó ₡6.825 millones, el doble de lo que debía ajustar.

Pero ambas instituciones se negaron a tocar el anteproyecto de sus presupuestos de 2027.

"Le voy a aclarar un asunto: no es una potestad de las instituciones determinar su presupuesto. Esto no es que les estemos pidiendo permiso, les estamos notificando cuál es el presupuesto que tienen que recortar. Tampoco eso lo determina el Gobierno. El Gobierno hace la sugerencia a la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea Legislativa la que recortará el presupuesto mío y de mis instituciones, las de Gobierno, y también el presupuesto de todas las demás", aseveró la gobernante.

En la misma línea se pronunció el jerarca en una intervención previa, al insistir en que la gestión que él realizó el 24 de junio pasado no era una petición, sino una instrucción para que se adecuaran los planes de gasto a la situación fiscal del país.

Chaves enfatizó que ahora su cartera preparará un presupuesto extraordinario que será remitido a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, que será la primera en estudiar la iniciativa. Luego el expediente pasará a la Asamblea Legislativa.

"Esto no es para negociar, esto es lo que vamos a ahorrarle al pueblo de Costa Rica y punto. Por eso yo tengo una fracción de 31 diputados para ordenar a este país, no para otra cosa. Estoy segura de que la Comisión de Asuntos Hacendarios no le va a fallar al pueblo de Costa Rica y que tenemos el músculo suficiente, reitero, para ordenar el despilfarro que puede darse en algunas de estas instituciones", complementó Fernández.

Pero según el criterio expuesto el lunes por el director jurídico de la Corte, Rodrigo Campos, existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha establecido límites a la discrecionalidad presupuestaria, al tiempo que han señalado que deben incluirse consultas preceptivas y sobre eventuales afectaciones en el funcionamiento del Poder Judicial.

Ya los magistrados han indicado que ese tipo de ajustes inciden en la organización de la Corte, lo cual, en caso de repetirse, elevaría la votación requerida para aprobar el presupuesto extraordinario hasta una calificada que necesitaría del apoyo de 38 diputados, en un Congreso en el que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene 31.

"Cinismo"

Durante una de sus intervenciones, y ante una consulta que no estaba relacionada con el Poder Judicial, Rodrigo Chaves también hizo una crítica contra el ajuste presupuestario que los altos jueces dispusieron el lunes anterior.

El recorte es menor al requerido por Hacienda, pero además, en él se incluyeron fondos que el ministerio había informado que no iba a transferir.

"Vea el cinismo de esos magistrados. Dicen que están de acuerdo con ₡13.000 millones de corte, de los cuales ₡9.000 eran de dinero que la Asamblea Legislativa pasada le quitó a la partida de intereses para regalárselos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sin ninguna justificación técnica.

"Entonces dicen: 'Bueno, está bien, no nos dé eso'. Ya les habíamos dicho que no se los íbamos a dar de cualquier manera", apuntó el jerarca.

Los recursos a los que hizo alusión el ministro estaban dirigidos a la creación de 285 plazas para la Policía Judicial, contratación de alquileres y compra de vehículos para tres delegaciones en La Cruz, Cabo Velas (Tamarindo de Santa Cruz) y Puerto Jiménez, así como otros 99 puestos para el Ministerio Público.

Chaves lamentó que el Poder Judicial únicamente rebajara ₡4.000 millones, cuando tiene fondos de construcción por ₡15.000 millones y un saldo en el Banco de Costa Rica (BCR) por ₡15.700 millones.