Empresarios piden a Consejo de Gobierno conformar cúpula de CCSS, inactiva desde hace meses
El pronunciamiento de la Unión de Cámaras se produce en momentos en los que el Poder Ejecutivo asegura haber iniciado trámites relacionados con la juramentación de la exdiputada Rocío Alfaro.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) llamó este jueves al Consejo de Gobierno a conformar la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esa cúpula tiene dos meses sin sesionar de forma ordinaria por la falta del representante sindical.
"Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades competentes para que, en el marco de sus atribuciones y del ordenamiento jurídico, se generen oportunamente las condiciones que permitan el pleno funcionamiento de este órgano. El interés que nos mueve es que la CCSS pueda responder a las necesidades de las personas aseguradas y sus familias", indicó el director ejecutivo de la Unión de Cámaras, Jorge Luis Araya.
Las organizaciones de trabajadores eligieron desde el 9 de junio pasado a la exdiputada Rocío Alfaro para ese puesto, pero el Poder Ejecutivo rechazó el nombramiento bajo el alegato de que esta tiene participación activa en política y que carece de formación económica.
Sin embargo, tanto la excongresista del Partido Frente Amplio (PFA) como los sindicatos que la escogieron sostienen que esos requisitos no aplican.
Por esa misma razón acudieron a la Sala Constitucional. El alto tribunal primero anuló el rechazo del nombramiento y luego instruyó al Consejo de Gobierno a dar trámite a la gestión del movimiento sindical.
El viernes pasado, en respuesta a una consulta hecha por Teletica desde 14 días antes, el Consejo de Gobierno indicó que acordó dar por conocidas las resoluciones y, a su vez, iniciar con lo ordenado.
Sin embargo, lejos de proceder con la juramentación de Alfaro, se pactó hacer una solicitud a las organizaciones en relación con su proceso de elección e instruir una serie de informes a la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia.
La primera de las gestiones, realizada el 12 de octubre en el oficio PR-SCG-OF-0290-2026 —al que este medio tuvo acceso—, pide —entre otras cosas— copia íntegra del expediente de la designación de la exlegisladora, actas de la asamblea sindical en la que se le escogió, así como "medios de prueba que acrediten la verificación de requisitos legales y la ausencia de prohibiciones o impedimentos" para el cargo.
Cuatro días más tarde, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Fanny Sequeira, así como su homólogo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría, dirigieron una comunicación —de la que este medio también tiene copia— al Consejo de Gobierno haciéndole ver su rechazo a entregar lo solicitado, por considerar la gestión "improcedente" y "dilatoria".
El 20 de octubre anterior, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Farmacia (Sintaf), Edwin Solano, envió un nuevo escrito a la Sala Constitucional para ampliar una gestión de desobediencia a los fallos previos y referirse a las solicitudes hechas por el Poder Ejecutivo.
Pero el propio acuerdo del Consejo de Gobierno puntualiza que no se concluirá la gestión de las organizaciones de trabajadores hasta que la Asesoría Jurídica de la Presidencia determine si es necesaria alguna reforma al Reglamento para la elección y nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de la Caja (decreto ejecutivo 44639-MP) para ajustarlo a las sentencias del alto tribunal.
