Por Paulo Villalobos 9 de junio de 2026, 11:06 AM

El sector sindical eligió, la mañana de este martes, a la exdiputada Rocío Alfaro como su representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La selección de la exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA) se dio durante una asamblea de representantes en la que participaron 19 organizaciones de trabajadores formalmente inscritas, celebrada en el auditorio de la Asociación de Profesores en Segunda Enseñanza (APSE).

Alfaro se impuso en la elección a la exdirectora de la institución y secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Martha Rodríguez.

La designación ahora pasará al Consejo de Gobierno, que deberá nombrarla en la cúpula, sin posibilidad de impugnación, como se extrae del artículo 6 de la Ley Constitutiva de la institución administradora de los servicios públicos de salud.

"Esperamos honrar la trayectoria del movimiento sindical en la Caja Costarricense de Seguro Social, que es nuestra Caja, la Caja de toda Costa Rica, para tener las condiciones laborales necesarias para recibir los mejores servicios, pero también para que esas personas aseguradas, esa población cubierta por nuestra solidaridad en la Caja Costarricense de Seguro Social, reciba los servicios de calidad que realmente merece. Daremos la lucha. No es solo un voto en una mesa, es una voz en toda Costa Rica, en las calles, en los barrios, con las familias y las organizaciones sindicales", señaló la excongresista.

La elección de Alfaro como representante de los trabajadores ante la Junta Directiva es por cuatro años. La exdiputada fue antecedida por el exalcalde de Limón, Róger Rivera.

Sin embargo, este último fue nombrado luego de que, el 5 de agosto pasado, el Consejo de Gobierno acordara la polémica destitución de Rodríguez de ese cargo, como resultado de un procedimiento que le siguió por haber votado a favor de descongelar en 2022 un aumento salarial de ₡7.500 que debió hacer en 2020 para 63.000 funcionarios de la entidad autónoma.

El entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo públicamente que ese incremento era ilegal y que —a su parecer— contravenía la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Posteriormente, al anunciar la suspensión de la dirigente sindical (posteriormente reinstalada por la Sala Constitucional), el mandatario le achacó a un supuesto conflicto de interés, en el tanto que su hijo y tres hermanos se vieron beneficiados con el ajuste de sueldo, a pesar de que este se hizo a nivel general, mas no individual. Sin embargo, en 2023, la Auditoría Interna de la Caja descartó que la otrora directiva —y otros a los que se les hacían señalamientos similares— hubieran incurrido en algún tipo de falta.

En su oportunidad, a Rodríguez también se le atribuyó haber apoyado el aumento sin considerar una valoración actuarial y criterios técnicos.

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