Educación costarricense: ¿Están los candidatos a favor de un pacto nacional?
El Estado de la Educación urge que las fuerzas políticas alcancen un acuerdo para rescatar el rumbo del sector en los próximos 15 años. Conozca en esta nota qué piensan los aspirantes.
La crisis de enseñanza que vive Costa Rica, tras el "apagón" provocado por las protestas de docentes y la pandemia del COVID-19, llevó al Estado de la Educación a plantear una estrategia para "rescatar el rumbo" que lleva el sector.
Como parte de esta, su más reciente informe plantea un "pacto nacional" que trascienda los gobiernos venideros y que se base en evidencia, con metas y mecanismos de seguimiento.
El planteamiento se articula en cuatro pilares estructurales: cobertura y equidad, calidad de los ambientes de aprendizaje, cuerpo docente idóneo y calidad de los aprendizajes. A partir de ellos se definieron siete aspiraciones nacionales, que van desde universalizar la educación preescolar hasta garantizar docentes bien calificados y en formación continua.
La propuesta incluye 12 objetivos y 20 indicadores medibles para cumplir en los próximos 15 años.
Como parte de esta, el Estado de la Educación estima que se requerirá un incremento gradual de la inversión en educación, que debe comenzar con un 0,11% del producto interno bruto (PIB) en 2026 y que llegará a ser del 0,34% en 2030, hasta estabilizarse en 0,31% hacia 2040, cuando se alcanzará la meta constitucional de un plan de gastos equivalente al 8% de la producción nacional.
El énfasis presupuestario debe orientarse a ampliar la cobertura y reducir brechas, mejorar infraestructura y tecnología, así como fortalecer al personal docente.
La misma investigación considera compatible el incremento con las restricciones fiscales actuales y corrige la falta de planificación que acompañó al mandato de la Carta Magna.
Es por lo anterior que Teletica.com consultó a los 20 candidatos a la Presidencia de la República si estarían anuentes a buscar un pacto nacional por la educación, como el planteado en el informe.
La respuesta, en la mayoría de los casos, es afirmativa. Sin embargo, cada aspirante le imprime su propio matiz a la idea de un gran acuerdo que permita rescatar la calidad, la cobertura y la equidad del sistema educativo costarricense.
Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó su apertura total, ya que, considera, para trabajar en democracia es indispensable escuchar a la sociedad civil.
En una línea similar, Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA), no solo respaldó la propuesta, sino que la vinculó con la necesidad de fortalecer el financiamiento educativo. Aseguró que con un presupuesto adecuado se podrán aumentar en 60.000 las becas estudiantiles, atender las órdenes sanitarias pendientes y garantizar transporte y alimentación a los alumnos más vulnerables.
Por su parte, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), destacó la urgencia de construir un espacio seguro para la generación talento, de la mano con una mejora en la gestión docente y administrativa.
Desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo propuso, como primer punto de ese acuerdo, una "Cruzada Nacional por la Lectoescritura y el Aprendizaje Básico", a lanzarse en los primeros seis meses de su eventual gobierno. Su visión apunta a movilizar a toda la sociedad —docentes, universidades, gremios, organizaciones no gubernamentales, iglesias y sector privado— para que “cada estudiante pueda comprender lo que lee y expresarse con claridad”.
La candidata Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), también se mostró favorable, aunque insistió en que el liderazgo debe provenir del Ministerio de Educación Pública (MEP), como ente con la experiencia e información para abordar la problemática.
En la misma línea, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), propuso un pacto que “blinde la educación de disputas coyunturales” y que se centre en calidad docente, conectividad, bilingüismo y formación técnica. Para el diputado, el acuerdo debe reunir a sectores académicos, sociales, empresariales y sindicales.
No todos, sin embargo, ven el pacto como la figura central. Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN), planteó que lo más urgente es declarar “una emergencia nacional en educación” y retomar la rectoría de la cartera para cumplir con la Constitución Política. A su juicio, el pacto no debe sustituir la responsabilidad estatal.
José Aguilar, del Partido Avanza (PA), propuso “una hoja de ruta basada en evidencia” con observadores internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Estado de la Educación, que supervise los compromisos.
Desde el Partido Integración Nacional (PIN), Luis Amador llamó a cerrar brechas regionales y reformar el enfoque educativo. Para ella, como parte de ese cambio, se debe pasar de un modelo basado en memorización, a uno que explote el desarrollo de destrezas y habilidades, a fin de que estas puedan ser aprovechadas al momento de la inserción en el mercado laboral.
Para Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG), el acuerdo debe tener rango de Estado. Para ello, propone un plan de educación con metas claras a 20 años, inspirado en valores cívicos y espirituales.
Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), calificó el pacto como “el único camino viable”. Su plan incluye convocar a todos los sectores a una mesa nacional, definir metas a 10 años —como reducir el apagón educativo y universalizar el inglés— y crear un comité de seguimiento que garantice la continuidad del acuerdo más allá del gobierno de turno.
En cambio, Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), coincidió en la necesidad de un pacto con compromisos normativos y seguimiento ciudadano.
Una propuesta más radical provino de Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), quien plantea convertir el pacto en un “Contrato Constitucional por la Educación”, con cláusulas de cumplimiento y sanción, e implementación territorial por cantones.
Desde el Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), Ronny Castillo subrayó la necesidad de escuchar a las comunidades y blindar el pacto con metas a largo plazo.
Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL), enfatizó que el pacto debe traducirse en ejecución y resultados: "No podemos ser un país paralizado por análisis", enfatizó
Por su parte, Wálter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), consideró que un pacto es “imprescindible” para definir el perfil del estudiante que se gradúe de secundaria.
En cambio, David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PT), cree que los objetivos y funcionamiento de la enseñanza debe ser decidido por asambleas y consejos con representación del personal docente, los estudiantes y sus padres.
Proponemos una educación verdaderamente democrática y liberadora que permita el desarrollo integral de todas las personas estudiantes y no solo les eduque para ser explotados en el centro de trabajo", expuso.
Este medio también se procuró conocer las posiciones de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP). Sin embargo, ninguno atendió las consultas enviadas a sus equipos de prensa desde el 16 de setiembre anterior.
Nota del redactor: el orden en el que se mencionaron los candidatos corresponde a la última encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).
