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La Contraloría General de la República presentó a los diputados una propuesta de ley que está formulando para “afinar” la liquidación presupuestaria del Estado y sus instituciones.

La intención, según precisó la contralora Marta Acosta a los jefes de fracción, es promover un uso más eficiente de los recursos públicos y el manejo de su liquidez, información que actualmente es fragmentada y poco transparente.

Julissa Sáenz, gerente de Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República, precisó que la intención de la propuesta es alinear la normativa al sistema de caja única, impulsar el uso de sistemas de información y mayores facilidades de acceso a la información a la ciudadanía.

El proyecto se divide en cinco partes que incluyen, entre otras, la obligatoriedad para que la normativa se aplique a todos los ingresos públicos sin importar la institución, la creación de un sistema de cuentas en el sector público y un marco general que incluya también un capítulo sancionatorio y su aplicación gradual.

Los cálculos de la Contraloría es que, con estas reformas, se consiga el ahorro anual de al menos un 1% del Producto Interno Bruto, así como otra serie de beneficios en temas de trazabilidad y control.

Acosta señaló que al día de hoy es muy difícil precisar cuánto es exactamente la liquidez del Estado pues una parte está en los bancos, otra en el Banco Central y otra en la caja única, lo que complica obtener datos exactos.

La contralora, sin embargo, señaló que la propuesta no podrá incluir a las empresas públicas en competencia, los fondos de pensiones ni las cuotas obrero-patronales.

Los diputados le solicitaron a la entidad trasladar los pormenores de la iniciativa y sus cálculos de ahorro para ser estudiados y analizados previo a la discusión de la propuesta, que llegaría a Cuesta de Moras en las próximas semanas.

La Contraloría, desde hace años, ha venido rechazando las liquidaciones presupuestarias por no cumplir con la rigurosidad que la ley exige, sin que eso haya derivado en un cambio por parte de las autoridades de Gobierno.