Contraloría conocía de irregularidades en Conavi, pero no en la magnitud de “Cochinilla”

La Contraloría General sí conocía de irregularidades en los procesos de contratación y otros procedimientos dentro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pero no en la magnitud presentada en el caso “Cochinilla”.

Así lo aseguró esta noche ante los diputados que investigan el escándalo la contralora Marta Acosta, quien señaló las serias deficiencias que el modelo de gestión del Consejo tiene en todos sus frentes.

“El modelo de gestión para la construcción y conservación de la infraestructura vial está agotado, presenta mayores riesgos para el sector público, no incentiva la eficiencia y reduce la transparencia y la prevención de la corrupción”, dijo Acosta.

La Contralora precisó que desde 2018 se venían presentando informes que plasmaban preocupaciones y advertencias sobre Conavi y el MOPT, que respaldaban también hallazgos y denuncias que venían desde incluso por conductas cuestionadas en 2015.

“Es urgente que el accionar preventivo y articulado de los diferentes actores nacionales, públicos y privados, pueda implementarse a la brevedad para mitigar situaciones similares a futuro. El proceso penal, mientras tanto, debe continuar el curso que le corresponde”, añadió Acosta en una larga presentación.

Además, resaltó ausencia de planificación desde las etapas de preinversión de las actividades relativas al proceso expropiación y relocalización de servicios públicos. La falta de aplicación de buenas prácticas en la definición del alcance, que impactan de manera negativa en todo el ciclo de vida del proyecto. Y la necesidad de implementar el Sistema Nacional de Administración de Puentes y Carreteras.

Cuestionamientos

Sin embargo, la comparecencia de Acosta no quedó solo en esa presentación de hallazgos y recomendaciones, pues fue también una oportunidad para que los diputados le cuestionaran los señalamientos que el expediente judicial hace de funcionarios de la Contraloría y de la propia Acosta.

José María Villalta, por ejemplo, hizo eco de la denuncia que un exfuncionario de la Contraloría hizo al OIJ en el caso.

“No es cierto, el señor (Campos) renunció a la Contraloría, participó en un concurso porque se le vencía su plaza gerencial y no ganó, nunca tuve ninguna visita para hablar de algún tema o que yo le dijera no investigue, eso no es cierto”, dijo.

El propio Campos, abogado y quien fuera gerente de las áreas de Denuncias y División Jurídica de la Contraloría, también denunció que el gerente de la División de Contratación Administrativa, Allan Ugalde, aconsejó “sutilmente” a la constructora MECO sobre cómo asegurarse el millonario contrato para construir el paso a desnivel en las Garantías Sociales.

Por esa denuncia las autoridades denunciaron penalmente a Ugalde y este fue separado de su cargo.

¿No le parece que ante denuncias de un funcionario favoreciendo a una constructora así se podría abrir una investigación administrativa más allá de lo que ya avanza en la vía penal?, le cuestionó José María Villalta a Acosta.

“Si usted me está preguntando si le voy a abrir una investigación o le he abierto una investigación a don Allan Ugalde la respuesta es no, lo que hemos hecho es separarlo de sus funciones. Hasta donde yo conozco don Allan Ugalde no tiene ninguna medida cautelar ni ha sido indagado, entonces no tengo como elementos claros para ese tema, entonces la respuesta es no”, respondió la Contralora.

Los diputados debatieron con la funcionaria sobre el papel que pudo haber jugado la Contraloría en el escándalo ya sea por obra o por omisión, en el entendido de que la fiscalización de los proyectos falló.

Acosta señaló que sí hubo señalamientos e informes, pero que era también responsabilidad de los auditores de las instituciones sobre la obligación de dar seguimientos y aplicar medidas correctivas.

La Contralora volverá este jueves a la comisión para continuar con su comparecencia.