FEES 2027: Nuevos actores y un Congreso de mayoría oficialista entran en la negociación

La Asamblea Legislativa conoció y resolvió en 2024, por primera vez en la historia, un diferendo por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), del que las universidades, de alguna forma, salieron victoriosas. Dos años más tarde, un nuevo planteamiento en esa línea se asoma.

El 21 de abril pasado, el Gobierno de la República rompió la negociación de ese presupuesto con el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y anunció que el asunto lo iban a tener que resolver los diputados.

Nueve días después, el Congreso se reconfiguró con una fracción de 31 parlamentarios del Partido Pueblo Soberano (PPSO); una bancada que triplica el tamaño de los diputados que logró el partido que llevó a Chaves al poder en 2022.

Y con esa reorganización, vino un cambio absoluto en las condiciones a las que se enfrentarán las casas de enseñanza superior: parece difícil pensar en que se puede alcanzar una mayoría suficiente para lograr el incremento de 2,94% —o al menos una parte de este— que los centros educativos pretenden para el 2027.

Por ello, Teletica.com preguntó a cada uno de los rectores cómo se preparan frente a ese panorama.

"Nosotros hemos estado sosteniendo como rectores reuniones de coordinación con todas las bancadas legislativas de oposición y tenemos pendiente una reunión con la bancada oficialista precisamente para socializar cuál es la propuesta", explicó el presidente del Consejo de Rectores, Jorge Herrera.

La también cabeza de la Universidad Nacional (UNA) ha sido insistente en que, desde su perspectiva, el Poder Ejecutivo no ha valorado "en su debida dimensión" la propuesta que se le planteó en la última negociación.

La misma contiene, entre otros elementos, una nueva fórmula para calcular los aumentos anuales del Fondo Especial, que contempla la posibilidad de castigar el porcentaje si no se cumplen los indicadores del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes).

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, apuntó que, si bien hay un nuevo panorama político, la Constitución Política es la misma. En esa línea, recordó que la Carta Magna establece que el presupuesto de las casas de enseñanza debe calcularse según la inflación estimada.

Así, el académico recordó que las proyecciones colocan a ese indicador en 2,92%, es decir, 0,02 puntos porcentuales de diferencia respecto a lo solicitado por los centros educativos.

"De manera tal que las señoras y señores diputados no podrían, a mi entender, legislar contrario a lo que establece la Constitución Política de la República", concluyó Araya.

El rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), William Rojas, cree que es necesario no solo abrir "puentes de comunicación" con el Gobierno, sino también con las fracciones, para transmitirles el aporte del Poder Ejecutivo al desarrollo del país.

Para el académico, parte de los mensajes que deben incluirse en esos espacios de diálogo es la necesidad de inversión en las regiones y, en esa línea, recordó el compromiso que tienen los congresistas con sus comunidades.

"Si bien el oficialismo es el que predomina en este momento en la Asamblea Legislativa, yo tampoco lo veo como algo negativo. Porque al final no es un tema de polarizar las universidades contra el Gobierno, sino lo que está en el centro siempre, la educación y el desarrollo del país. Y en ese sentido esperamos lograr algún acuerdo; de nuevo, primero con el Gobierno, porque esperamos no tener que llegar a la Asamblea Legislativa.

"Pero de llegar a la Asamblea Legislativa, poniendo en el centro siempre la educación, el desarrollo y la competitividad del país, esperamos poder lograr un incremento", explicó la rectora del Instituto Tecnológico (TEC), María Estrada.

Otra ventaja que ve la académica es la presencia del jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, quien participó en las negociaciones del Fondo Especial directamente en su condición de ministro de Hacienda de la administración anterior.

Complementariamente, el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, mencionó que el vocero del oficialismo además podrá aprovechar esa experiencia cuando, como presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, entre a escuchar "los estiras y encoges" que marcan la búsqueda de acuerdos.

"Nosotros no podemos cerrar ninguno de los caminos. Tenemos que insistir de una manera o de otra en la búsqueda de poder negociar un aumento en el FEES. Repito, porque Costa Rica necesita que haya más inversión en educación superior para abrir más oportunidades", explicó el académico.

Viejos conocidos, nuevos roles

El cambio de periodo constitucional también movió el tablero político en Costa Rica, con implicaciones directas en los actores que tendrán a su cargo la discusión del Fondo Especial para la Educación Superior.

Para empezar, Laura Fernández dejó de ser ministra de Planificación Nacional y Política Económica para suceder a Rodrigo Chaves en la Presidencia. Este último dejó la primera magistratura para fungir como ministro de la Presidencia y de Hacienda.

Así, una de las voces más críticas de las universidades en los últimos años pasó a tener una silla en la Comisión de Enlace; es decir, en su nuevo rol, el exmandatario tendrá incidencia directa en la definición del presupuesto de las casas de enseñanza que por años cuestionó desde un podio.

"Tengo que decir que cada uno de los años que negociamos, al menos en los que yo he estado, siempre se sintió cuál era la línea presidencial. Entonces, si doña Laura indica que va a seguir la línea de lo que venía haciendo don Rodrigo, pues para nosotros es natural que él esté ahí ya presente.

"Más bien, de primera mano tendríamos sus impresiones y, por supuesto, la oportunidad de conversar con él para también dar la información que él considere necesaria para que podamos llevar a buen puerto estas negociaciones", destacó María Estrada.

En ese escenario, Carlos Araya cree que la única vía que queda es la del diálogo con datos reales.

Asimismo, el rector de la Universidad de Costa Rica recordó que en 2023 la narrativa se dirigió a que los centros educativos no rendían cuentas por los recursos que recibían, ante lo cual se acordaron una serie de indicadores que ahora permiten a las universidades presentarse en la mesa de diálogo con el cumplimiento absoluto de esas mediciones.