En lo que va de 2026, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ha registrado 4.144 incendios en áreas de desechos (con fecha al 18 de mayo), un número que ya supera los totales anuales de los dos años previos: 4.434 en 2024 y 3.579 en 2025.

Con base en esos registros, la institución atiende en promedio unos 11 incendios por día en este tipo de sitios, es decir, casi uno cada dos horas.

Sin embargo, con el inicio de la época lluviosa, es probable que el comportamiento anual final sea similar al de años anteriores.

Dentro de ese panorama, el tajo Comag —en Lomas del Río, Pavas, en San José— sobresale como el sitio más problemático.

"Nosotros hemos llegado a atender hasta 100 incidentes en un año ahí. Es un tema recurrente y preocupante, con altos niveles de contaminación ambiental", señaló un vocero del Cuerpo de Bomberos.

El tajo opera legalmente para extracción de material, pero se ha convertido en un vertedero clandestinoTeletica.com ya ha reportado cómo el propietario no ha logrado evitar que camiones descarguen basura, pues el acceso por el derecho de vía del tren es público.

Esa misma condición atrae a personas que queman cables para extraer cobre, lo que detona incendios de difícil control.

Según indicó Bomberos, el grupo delictivo "Los Diablos" controla el ingreso de camiones y cobra por permitirles descargar ilegalmente, actividad que genera ganancias estimadas en hasta ₡30 millones mensuales.

"La atención de estas emergencias implica el uso de millones de litros de agua. Sin embargo, al ser botaderos clandestinos, suelen estar llenos de residuos altamente inflamables. Además, personas ingresan a estos sitios para quemar cable y extraer cobre, lo que provoca los incendios. Es un problema constante, prácticamente sin fin", afirmó la vocería de Bomberos.

Un vecino del lugar, que tiene su negocio en la zona y que pidió no ser identificado por temor a represalias, describió la situación a este medio:

"El tema del botadero ha sido un problema constante. Muchos camiones e incluso personas de la calle tienen acceso a ese lugar todos los días. Hay camiones que cobran más barato por recoger escombros o basura que normalmente el camión municipal no se lleva, y terminan llevándolo al tajo para botarlo ahí. Sin embargo, sin justificar a quienes lo hacen, no existen botaderos oficiales cercanos que desincentiven el uso de este botadero a cielo abierto."

Sobre el crimen organizado, añadió:

"Otro punto es que la zona está muy influenciada por el grupo narco conocido como "Los Diablos", lo que genera que ellos controlen lo que ocurre en el sector, incluso con el cobro de peajes".

Este comerciante afirmó que los cuerpos policiales han hecho diferentes esfuerzos para intentar contener el fenómeno, pero los calificó como "aislados y no constantes".

"Puede pasar un camión lleno de basura frente a los oficiales sin que se detenga o se pregunte qué está transportando", apuntó.

Infografía basura

Planes anunciados, resultados pendientes

Desde 2023, las instituciones han instalado bloques de concreto para intentar frenar el paso de camiones y han celebrado reuniones interinstitucionales para abordar el problema.

En 2025, el Ministerio de Salud activó un Plan de Atención Integral con más de 10 entidades. La Municipalidad de San José instaló 40 bloques adicionales, contrató un estudio geotécnico y coordina con la Fiscalía para identificar responsables. La Policía Municipal, por su parte, incrementó recorridos y planea instalar cámaras.

A pesar de lo anterior, Teletica.com pudo constatar que el problema persiste y que los vecinos mantienen su reclamo por una solución definitiva.

¿Qué pasa cuando hay fuego en un botadero?

La acumulación de residuos mezclados (materia orgánica, plásticos, solventes, baterías y químicos) genera las condiciones para que el fuego inicie sin fuente externa.

¿Cómo? La materia orgánica produce metano (CH₄), altamente inflamable, de entre el 5% y el 15% de concentración en el aire. Las bacterias, por su lado, generan calor interno que puede superar los 70 °C. Los plásticos, a su vez, actúan como acelerantes hasta alcanzar el umbral de ignición, entre 250 °C y 400 °C.

El fuego que ahí se provoca libera, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), una mezcla de contaminantes de alto riesgo.

Las dioxinas y furanos, que se forman al quemar PVC y plásticos clorados, por ejemplo, son cancerígenos clase 1, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y persisten en el suelo y en la cadena alimentaria por décadas. 

¿Y cómo se traducen estas cifras a la salud de quienes vienen en ese entorno?

El monóxido de carbono interfiere con el transporte de oxígeno en la sangre.

Los metales pesados (plomo, cadmio, mercurio y arsénico) se depositan en suelos, aguas y cultivos con efectos neurotóxicos y renales crónicos.

Las partículas finas PM2.5 penetran hasta los alvéolos pulmonares y se asocian con infartos, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. El PNUMA advierte que la quema no controlada genera concentraciones de dioxinas muy superiores a las de incineradores industriales regulados.

Los grupos más expuestos son niños —por su desarrollo neurológico—, mujeres embarazadas, adultos mayores y los propios bomberos que atienden las emergencias.

Infografía basura

El costo ambiental y económico

El líquido con cenizas y materiales fundidos se infiltra en el suelo y puede alcanzar acuíferos, contaminándolos por décadas, como reseña el PNUMA.

Las lluvias arrastran residuos hacia ríos y quebradas cercanas. Desde la perspectiva climática, la descomposición de residuos no gestionados representa aproximadamente el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y el metano que generan tiene un potencial de calentamiento de más de 80 veces el del CO₂ en 20 años, de acuerdo con el IPCC AR6.

El Estado asume costos por emergencias, atención en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estudios técnicos y vigilancia epidemiológica, a los que se suman pérdidas comerciales, gastos de salud no cubiertos y menor productividad laboral en las comunidades afectadas.

La dimensión más reveladora sigue siendo la preventiva: intervenir antes de que un botadero se consolide cuesta una fracción de lo que implica remediarlo.

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