Costa Rica atraviesa su periodo más extenso de baja intensidad en protestas ciudadanas
La judicialización de los conflictos desplaza el diálogo social y las manifestaciones, lo que amenaza con comprometer la gobernanza democrática, advierte el Estado de la Nación 2025.
"¡Aleeeeeertaaaa! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta que camina!"
Si usted asistió alguna vez a una protesta, posiblemente recuerde como resuena constantemente tal estribillo, en medio de sonidos de sirena y vítores de los participantes. La consigna que acompaña tal encabezado varía según la ocasión, ya sea el caso si quienes lideran el movimiento son los estudiantes, las mujeres o los sindicatos, por ejemplo.
Lo cierto es que ese tipo de cánticos retumban cada vez menos en las calles de Costa Rica. Este año, el país completó una década de baja protesta social, según la más reciente edición del Estado de la Nación, publicada el 13 de noviembre pasado.
Se trata del periodo más extenso de baja intensidad en acciones colectivas desde que se tienen registros (1992); una confirmación de que la crisis de representación no afecta solo a los partidos políticos, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, como ya se había advertido un año antes.
El propio estudio recuerda que, en términos generales, para las democracias es saludable que su ciudadanía se manifieste sobre la situación del país o de sus comunidades, de manera que se pueda saber si respalda o no las decisiones de sus gobernantes.
La base de datos con la que cuenta el Programa Estado de la Nación (PEN), con cierre a 2024, permitió determinar que se han contabilizado 12.307 entradas. Si se considera la cantidad de acciones colectivas, y el número de años transcurridos, se tiene que el promedio de protestas —en sus distintas modalidades— es de 371 por año.
Sin embargo, durante la última década, el número de manifestaciones estuvo por debajo del promedio en todos los años, excepto en 2018. En ese año, la reforma fiscal reactivó la protesta, aunque de manera pasajera.
"En ediciones previas, el informe ha aportado explicaciones a este comportamiento y se ha destacado que la caída de la protesta se origina en una sostenida menor beligerancia en actores claves como trabajadores, estudiantes, sector productivo, ciudadanía organizada y liderazgos comunitarios", señala el documento.
De este análisis también se extrae que la judicialización de los conflictos desplaza, cada vez más, otras formas de presión, hasta convertirse en la principal medida ciudadana para denunciar las acciones u omisiones de la gestión pública.
Solo entre 2024 y 2025 se registraron 7.027 amparos declarados con lugar por la Sala Constitucional contra acciones del Gobierno de la República, casi cuatro veces más que en 2021 y nueve veces más que en 2017.
El informe también identifica una disminución de los espacios de diálogo como herramienta para la concertación de acuerdos, asociada a una menor disposición del Poder Ejecutivo para recurrir a esta vía.
Durante el periodo en cuestión se registraron un total de 59 llamados a participación ciudadana, con un máximo de casi cuatro por año durante las administraciones de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022). No obstante, en los tres primeros años de la gestión de Rodrigo Chaves solo se contabiliza un evento anual.
Los hallazgos del Estado de la Nación sugieren que la combinación de limitaciones en la gestión pública, la escasa construcción de acuerdos y el desplazamiento del diálogo social por la judicialización pueden comprometer la gobernanza democrática.
Tal escenario plantea retos significativos para la institucionalidad y para la implementación de políticas que contribuyan al desarrollo humano.
Patrones identificados
Los datos del último año estudiado (2024) revelan la existencia de tres repertorios que concentran tres de cada cuatro acciones colectivas: las declaraciones públicas (40%), los mitines o concentraciones (23%) y los bloqueos (11%).
Otro aspecto que el documento cataloga como relevante es la naturaleza disuasiva o confrontativa de estas manifestaciones. Desde el inicio del periodo de Rodrigo Chaves, se han registrado 405 acciones confrontativas versus 326 disuasivas.
El análisis además determinó que existe una baja intensidad en las protestas entre noviembre y febrero, pero esta presenta una tendencia al alza en marzo, que se mantiene constante hasta octubre.
Pero además, se encontró que el 66% de las acciones colectivas estuvieron dirigidas contra el Poder Ejecutivo "ampliado" (Gobierno central y sector descentralizado).
Más llamativo aún es que se halló que, entre 1992 y 2013, el porcentaje de protestas dirigidas directamente al presidente en ejercicio era menor al 10%. No obstante, del 2014 en adelante esa cifra aumentó hasta llegar incluso al 19% en el último trienio.
