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Entre las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitó para los alcaldes detenidos en el caso Diamante, no se hizo ninguna petición en relación con el salario que reciben cada mes.

Así las cosas, si la Fiscalía no solicitó la suspensión del goce de salario, y si la jueza a cargo no se pronuncia sobre ese tema porque no hubo petición, los alcaldes eventualmente podrían ser inhabilitados de sus cargos recibiendo el salario. Esto en el caso de que se apruebe la suspensión del cargo por ocho meses.

En el caso del alcalde de San José, Johnny Araya, su pago mensual es de 5.700.000 colones. El de Alfredo Córdoba, de la Municipalidad de San Carlos, de 3.700.000 colones. Mario Redondo en Cartago, cobra 5.100.000 colones mensuales, y Alberto Cole, del cantón de Osa, 3.900.000 colones.

El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, recibe un pago mensual de aproximadamente 5 millones de colones y el de Alajuela, Humberto Soto, 3.200.000 colones.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indicó que lo que ocurra con el salario de un imputado en un caso como este acaba siendo decisión de los jueces.

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