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"Soy inocente, soy inocente, soy inocente y lo voy a demostrar porque tengo los argumentos y razonamientos para demostrarlo”, dijo el alcalde de San José, Johnny Araya, tras salir de la audiencia de medidas cautelares del caso Diamante.

Araya fue liberado este miércoles en horas de la tarde, junto a los otros cinco alcaldes investigados. 

“Estos últimos tres días me ha tocado vivir uno de los procesos más complejos. Estoy seguro de que ninguno de esos errores tiene que ver con ningún acto de corrupción. Yo he cometido errores, pero ningún error tiene que ver con corrupción”, relató.

El alcalde josefino dice estar convencido de que toda esta situación se debe a un "error".

“Estoy orgulloso de todas las cosas que he logrado hacer al frente de la Municipalidad de San José, yo no me voy a referir a los hechos particulares, absolutamente descontextualizados, que se están investigando porque esto me va a permitir a lo largo de este proceso demostrar mi inocencia.

“Estoy totalmente convencido de que hay un error en esta acusación y ya será el proceso que se me está desvirtuando”, expresó Araya en las afueras del II Circuito Judicial, ubicado en Goicoechea.

El político dice que no descarta una "persecución política" y reitera que siempre ha actuado de forma transparente, a pesar de lo que dice el informe del OIJ.

“Me siento con la frente en alto, con la conciencia tranquila, he sido alcalde de San José, orgullosamente, por muchos años y no voy a defraudar a la gente que por tantos años ha creído en mi liderazgo.

“En mi actuación he sido transparente, no estoy involucrado en ningún acto de corrupción y lo vamos a demostrar durante este proceso. Se me ha involucrado en un escándalo del que no debí ser parte. He sido un luchador toda la vida", concluyó el jerarca.

La Fiscalía solicitó contra este y otros cinco alcaldes las siguientes medidas cautelares: suspensión del cargo por ocho meses, impedimento de salida del país, firmar ante el despacho y no comunicarse con testigos.

En el caso Diamante, las autoridades investigan los aparentes delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y penalidad del corruptor en perjuicio de los deberes de la función pública.

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