Candidatos coinciden en urgencia de crear una autoridad centralizada de transportes

El 25 de setiembre pasado, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) presentó un diagnóstico sobre la situación del transporte público en el país.

Lo anterior, a partir de una mesa de trabajo en el que participaron el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), operadores del sector, academia y sociedad civil.

El informe confirma una crisis profunda en el transporte público. Entre los problemas más graves destaca la fragmentación institucional, el rezago tecnológico, la falta de accesibilidad universal, un marco regulatorio desactualizado y desafíos de sostenibilidad financiera y ambiental.

Frente a tal situación, se plantean una serie de propuestas técnicas para buscar soluciones a la problemática. Una de ellas tiene que ver con la creación de una autoridad única de transporte con sustento legal.

A partir de esa propuesta, Teletica.com preguntó a los 20 candidatos si, en caso de lograr la Presidencia de la República, están anuentes a impulsar esa tal agencia.

Para los 13 aspirantes que respondieron, esa instancia es indispensable y, por ello, contemplan su promulgación en caso de llegar al poder el próximo año.

"Es un tema que yo ya he estudiado. No puede ser posible que ahora, primero, que no tengamos una política nacional de transporte que distinga tanto el transporte de la Gran Área Metropolitana como el transporte en áreas rurales y periféricas, que son dos enanos de cuentos diferentes. Y adicionalmente no puede ser posible que si a usted la concesión o el permiso de operación se lo da el Consejo de Transporte Público, se lo pueda retirar tanto el Consejo como la Autoridad Reguladora a través de la Intendencia de Transportes.

"Entonces ahí hay una ambigüedad, hay inseguridad jurídica y hay pérdida de eficiencia. Así que sí, yo estoy de acuerdo en eso, en un nuevo modelo que agrupe sobre la base de una política pública que oriente el tema y lo desagregue en la particularidad gran área metropolitana y regiones periféricas del territorio nacional", explicó Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Precisamente, en esa línea fue que la administración de Rodrigo Chaves, de la cual la exministra de la Presidencia se presenta como la continuidad, sin lograr la aprobación correspondiente por parte de la Asamblea Legislativa.

Ese esfuerzo le correspondió liderar al otrora ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, quien compite en la carrera presidencial con el Partido Integración Nacional (PIN).

Para este aspirante, es necesaria una autoridad capaz de coordinar los trenes con, por ejemplo, un modelo de tranvías sobre llantas que conecte las ciudades por las que no pasa la vía férrea, así como con los autobuses y los taxis. Además, cree que este órgano debe hacer un "subsidio cruzado" dirigido a aquellas rutas que son rentables para los operadores privados.

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA), recordó que esa es una de las pocas ocasiones en las que él como diputado apoyó una propuesta del Gobierno de la República.

En su opinión, consejos como el de Transporte Público o el de Vialidad han acabado quitándole incidencia al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). En su opinión, ese debe ser un trabajo más técnico y centralizado, lejano a los intereses particulares como los que —en su criterio— afectan al sector en la actualidad.

Para Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), es necesaria una coordinación del transporte, como la que ocurre fuera de Costa Rica. Eso sí, el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfatizó en que no está de acuerdo con la creación de una nueva institución, sino que debe de hacerse el ejercicio de consolidar una sola autoridad.

A ello aunó que deben implementarse incentivos para retener el talento calificado y mantenerlo libre de sesgos por los actores que interactúan en el sector.

"Los detalles son importantes. La idea de consolidar en una autoridad la coordinación es vital. Me parece crítico que se piense transporte para las periferias. Si hablamos de transporte se habla de la Gran Área Metropolitana, donde es crítico, pero ya empezamos a ver en ciudades emergentes, como Liberia, mucha congestión porque no se le puso atención", subrayó.

Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG), se comprometió a impulsar la creación de una autoridad única que unifique competencias que actualmente están dispersas. Para él, la fragmentación institucional actual impide una planificación integral.

Asimismo, enfatizó en que ese órgano debe contar con un presupuesto propio y un directorio con representación del Estado, de los gobiernos locales, de las universidades y los operadores.

Mientras que Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), aseguró que apoyaría la creación de la instancia, siempre que esta sea el medio para solucionar la problemática actual que se tiene en el transporte público. Abonó que se imagina ese órgano como uno cercano a los usuarios, capaz de estructurar y planificar sistemas de comunicaciones actuales, con modelos de pago electrónico.

Por su parte, José Aguilar, del Partido Avanza (PA), considera "interesante" la propuesta, pero cree que debe hacerse primero un análisis técnico para ver el costo-beneficio de la misma. Subrayó que ni él ni su agrupación van con la burocracia, los sobrecostos o la redundancia en "el archipiélago de instituciones". Agregó que la alternativa debe calibrarse con los representantes de los usuarios, especialistas y el gremio privado.

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), lamentó la especialización que ha hecho el país en "dividir funciones" y las implicaciones que esto ha tenido desde el punto de vista de erogación de recursos públicos. Una centralización en ese sector, indicó la legisladora, permitiría una mejor planificación, una visión de futuro que beneficie a los usuarios y una rendición de cuentas más óptima.

Una propuesta más profunda tiene Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN), quien apunta a separar las ramas que conforman la cartera, de manera que queden dos ministerios: uno de Obras Públicas y otro de Transportes. Para el politólogo, bajo el modelo actual, la institución se ha concentrado principalmente en la parte de infraestructura.

Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (UCD), considera que en este caso podría ocurrir lo que dice el dicho, de que "dos cabezas piensan mejor que una, pero que tres cabezas hacen un desorden". Para él, debe unificarse la toma de decisiones, en un esfuerzo para alcanzar una "horizontalidad regulada".

Para Wálter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe dividirse, como lo propone Alpízar, dada la complejidad que tienen ambas materias.

La visión de Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero (PCR1), es que debe hacerse una gestión integrada del transporte, ya que la dispersión de competencias impide una eficiente planificación. Para ello, plantea una autoridad técnica, autónoma y transparente, que coordine todos los medios que hay disponibles en el país, que unifique rutas, tarifas y tecnología, con el usuario en el centro del sistema.

Finalmente, Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM), apoya la creación de esta instancia para erradicar la duplicidad de trámites, la ausencia de planificación integral y la ineficiencia. En su criterio, debe ser un ente descentralizado con presupuesto propio y autonomía funcional para evitar politización. Este debe unificar la rectoría, planificación, regulación tarifaria e, incluso, las concesiones en una sola ventanilla. Su junta directiva, además, incluirá a usuarios, los operadores y los colegios profesionales.

Para esta publicación también se plantearon consultas a los candidatos Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL); y David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PT).

Sin embargo, al cierre de esta publicación no se recibieron las respuestas a las consultas planteadas.