21 de septiembre de 2021, 5:22 AM

Bernal Fonseca / Empresario, comunicador y productor de televisión

Reformar es modificar algo con el propósito de mejorarlo. Los resultados del Octavo Informe del Estado de la Educación Costarricense invitan a traer esta acción a la escena, no solo por lo que indica, que tenemos una crisis educativa de dimensiones catastróficas, sino también porque es un concepto que a finales del siglo XVIII se apoderó del colectivo nacional.

La propuesta de una Reforma Educativa llevada a cabo por Mauro Fernández y otros educadores, entre 1885 y 1888, tenía tres objetivos específicos: la reorganización completa de la enseñanza primaria, organizar la secundaria y la reorganización de la universidad para que respondiera a las necesidades de la sociedad costarricense. Producto de esta reforma, el país incluyó en su Constitución Política, que la enseñanza primaria sería gratuita, obligatoria y costeada por el Estado.

De acuerdo con la investigación presentada por el Programa Estado de la Nación a finales del mes de agosto, el sistema educativo arrastraba problemas de fondo, le cayó encima un efecto similar a un “meteorito” con la pandemia, provocó el aumento de la exclusión educativa y estamos frente a un “apagón educativo” capaz de alejar a las generaciones en formación de la sociedad del conocimiento.

Un sistema rígido. Es como dormir con nuestro peor enemigo; la burocracia y la inacción de las autoridades, pues además de tener el deber de responder, su capacidad momentánea para hacerlo está ausente. Mientras algunos docentes, por citar un ejemplo, buscaban cómo improvisar para adaptarse a lo remoto, otros gestionaban acuerdos con padres de familia e inclusive ingeniaron la manera de hacer de una clase, cuatro o cinco diferentes por las condiciones socioeconómicas de sus estudiantes. Es decir, en lugar de dedicarse a su labor principal; la enseñanza, tuvieron que buscar sus propios métodos para “apagar el incendio” que las mesas centrales de decisión no pudieron o no han podido.

Propósitos educativos. La capacidad competitiva de nuestra sociedad depende de lo que diariamente se imparte en las aulas, si esto no se alinea con los altos estándares, no le estamos ofreciendo herramientas para destacar a nuestras generaciones. El informe señala que desde el 2018, los estudiantes no han tenido la posibilidad de completar un curso lectivo, es decir, hay estudiantes que hoy cursan el quinto año de colegio y desde sétimo no han recibido todos los contenidos planteados. Bueno, hablar de la calidad de esos contenidos también suma al incumplimiento de los propósitos educativos.

Las consecuencias. Características como la gratuidad, obligatoriedad e inclusividad del sistema corren un riesgo latente. Su permanencia en el tiempo ha permitido que gran mayoría de la población - dejemos a un lado a quienes sí tienen el poder adquisitivo de ir a un centro educativo privado-, tenga acceso a las aulas; sin embargo, la amenaza de la exclusión educativa gana terreno. De no tomar acciones inmediatas, los indicadores de pobreza, inseguridad, violencia y otras consecuencias de índole social y económico tomarían el protagonismo que hoy vemos en el horizonte.

Insisto en la necesidad de la autocrítica como una herramienta de evolución social y de rendimiento. Midamos a quienes no están dando los resultados esperados, levantemos la mano por las generaciones que hoy confían su aprendizaje a un sistema enclenque y miremos las referencias de aquellas personas que un día vieron lo mismo que hoy vemos y decidieron reformarlo.

Sigamos creando criterio en conjunto y recuerden que si desean compartir conmigo sus puntos de vista pueden hacerlo al correo [email protected] o a través de mi perfil en LinkedIn.

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