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Alexander López / Director del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)

Tal como se mencionó en el artículo anterior nuestros sistemas democráticos se encuentran desafiados por la emergencia de estructuras sociales -en muchas ocasiones amorfas- de sectores que se han sentido excluidos de los asuntos públicos y que ahora aspiran al poder; un sector pasional e irracional que no acepta el diálogo político; partidos políticos que actúan a espaldas de la realidad y siguen pretendiendo que ostentan el poder y la única solución viable a los problemas; y sin pretender extender la lista, no podemos dejar la poca capacidad de las élites políticas para gestionar las incertidumbres.

Acudimos al encuentro de una sociedad que ante el temor a la incertidumbre y la incapacidad de los operadores políticos por dar una claridad sobre la direccionalidad política -indirizzo político- tiende a aferrarse a ideas dogmáticas y fundamentalistas, las cuales son aprovechadas por algunos, y con ello, nos enfrentamos al surgimiento de populismos de derechas o de izquierdas.

Todo lo anterior nos enfrenta a lo que podríamos denominar una regeneración democrática que enfrenta una serie de desafíos; en esta ocasión se abordan tres de ellos. El primero, hace referencia al dilema del cómo ser competitivo económicamente y ser receptivo a las demandas de la sociedad. En este debate, el fetiche legislativo de nuestras sociedades requiere ser analizado con cuidado, la ley como instrumento capaz de trazar una permanencia en el tiempo se encuentra desafiado ante las rápidas transformaciones de nuestras sociedades. Requerimos superar esa maratón de nuestros legisladores y de la sociedad misma, al pretender resolver todos los problemas mediante propuestas de ley -en muchos casos sin contenido presupuestario-, y sin capacidad de implementación, que solo contribuyen a convertir la institucionalidad parlamentaria en un andamiaje anacrónico. De ahí que una tarea prioritaria es un adecuado equilibrio entre el derecho y la temporalidad, nuestras democracias requieren legislar en temas en los cuales aún no conocemos claramente sus diseños y procesos, con lenguajes que inclusive no se han inventado; la apuesta sería un parlamento centrado en la generación de legislación base y fortalecido en sus capacidades y dispositivos institucionales de control/evaluación legislativa, con un Ejecutivo ágil y dinámico que da la direccionalidad y gestión pública vía reglamento.

El segundo, derivado de las crisis económicas generadas por la COVID-19 vistas ahora por la sociología desde un enfoque racional-instrumental nos hace cuestionarnos que dependiendo de la magnitud y la duración de las crisis económicas y la profundización de las desigualdades, estaremos experimentando en los procesos electorales a futuro -inmediato- mayor volatilidad del sistema de partidos y cambio de votos que en los momentos de estabilidad; de ahí depende: a) la percepción social del grado de convergencia programática de los partidos competidores con opciones de gobierno, b) los niveles de interlocución y capacidad de generar fuerzas gravitacionales entre estos partidos y la diversidad de intereses sociales, c) el surgimiento de un liderazgo o conjunto de liderazgos en una fuerza emergente o actual capaz de establecer nuevos narrativas de competición política y de estimular núcleos radiadores, capaz de competir con las estructuras territoriales partidarias tradicionales.

El tercero, la capacidad de innovar el Estado, y cómo desde las instituciones públicas se pueden incentivar ecosistemas de innovación en diversos sectores económicos a corto plazo, como parte de una visión integral y sistémica de regeneración económica poscrisis. La innovación requiere ser dirigida para insertarse en ámbitos de competitividad o en los cuales, desde una política de Estado, se apuesta desarrollar a nivel nacional. Se trata de entender lo que se produce, cómo se produce, cómo se genera valor, pero de manera fundamental evitar que otros se apropien de dicho valor.

En términos de Mariana Mazzucato, es prestar atención al ritmo y el sentido de la innovación, y en particular a los tratos que se cierran entre los distintos creadores de ese nuevo valor. Esto no solo exige una política diferente, sino que también una estructura y mentalidad diferente de nuestras élites políticas: la capacidad de explorar, experimentar y deliberar estratégicamente en el sector público.

La clave de la regeneración democrática no reside exclusivamente en la extensión del reconocimiento de los derechos o sus condiciones objetivas, sino también en la reproducción de una cultura y la innovación transformativa en la ingeniería de sus instituciones -formales e informales-, creando las capacidades de modificar las relaciones entre lo reconocible y lo no reconocible, en un proceso que en ocasiones es incremental y en otras resiliente, -pero nunca estático-, de transformación y gestión de adaptabilidades al cambio; siempre en un campo abierto hacia elaboraciones más amplias y complejas, trazando las fronteras de futuro.