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Alexander López / Director del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)

Existe un importante nivel de coincidencia en que con la administración del presidente Biden, América Latina tendrá una cercanía mayor a la Casa Blanca. Sin embargo, ello no significa que pase a ser tema central de la política exterior de los Estados Unidos. Para la previa administración, América Latina tuvo un rol marginal, por no decir nulo en la política exterior estadounidense, y en lo poco que se enfocó fue en áreas temáticas limitadas y muy conflictivas con la región como el recrudecimiento de la política migratoria (ejemplos serían: separación de menores de sus familias en la frontera, cierre completo de la frontera a los migrantes, la política de tercer país seguro, entre otras). Su política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua se centró en aumentar la presión, vía sanciones y aislamiento de dichos países con pocos o ningún resultado real de cara a cambiar la situación política local. Finalmente, la principal pieza de política exterior fue la “neo” doctrina Monroe de cara al fuerte posicionamiento de China, y en menor medida de Rusia en la región que tampoco generó réditos.

Si bien, tal como se señaló, América Latina no será un área prioritaria en la administración Biden-Harris, sí tendrá un mayor peso. Ese “reseteo” de las relaciones entre Estados Unidos y la región, parece estar centrado en cuatro grandes temas. Primero, la lucha contra el cambio climático, asunto que en la agenda de Biden será prioritario en la política exterior y que en la región ha adquirido también gran preponderancia, sobre todo en cuanto a adaptación a los efectos negativos del cambio climático. Segundo, el tema de la migración y la agenda de seguridad que se interconectan, este tema es quizá el cual de entrada, el actual gobierno más rápido ha iniciado el proceso de reinicio, producto de la eliminación de varias órdenes ejecutivas aprobadas por Trump. Tercero, la atención y recuperación de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en la región. Finalmente, en cuarto lugar, el reto del fortalecimiento de la democracia en la región, (en el cual nos centraremos en este artículo) asunto que también adquiere tintes estratégicos globales en la agenda de la nueva administración, producto de la competencia con los regímenes más autoritarios.

El reto de la administración Biden-Harris será mayor en este tema, ya que enfrentará una región donde los principios y valores democráticos han decaído de forma continua en el último lustro. Según el Global Democracy Index 2020 de la reconocida revista The Economist, solo tres países en la región son democracias completas. El resto de los países de la región son consideradas democracias “defectuosas” (algunas cuyos indicadores decaen como Perú, Brasil y Paraguay), regímenes “híbridos” (sobre todo los países del triángulo norte de Centroamérica que han tenido importantes retrocesos) y finalmente Cuba, Venezuela y Nicaragua que son considerados regímenes autocráticos.

El International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) en un artículo publicado el pasado 14 de enero[1] enumeró en cuatro, los más importantes retos de la democracia en la región: “a) pérdida de independencia del poder judicial; b) limitado acceso a la justicia; c) restricciones a la libertad de expresión y; baja representatividad de los gobiernos elegidos". A estos, nosotros sumaríamos el gran desafío de la corrupción en la administración pública.

Estos retos para las democracias de la región, no son nuevos para el presidente Biden. Durante la administración Obama, Biden fungió como alto representante hacia la región, efectuando numerosas visitas oficiales y conociendo de primera mano muchos de estos desafíos. En su propuesta de gobierno, la administración Biden-Harris ha presentado un importante conjunto de medidas, en especial de cara a Centroamérica. Esto incluye un gran paquete de cooperación económica en el orden de cuatro mil millones de dólares, incluyendo un fuerte énfasis en la lucha contra la corrupción, violencia, fortalecimiento del estado y acciones enfocadas en el desarrollo sostenible.

Dentro de las acciones prioritarias deberían también sumarse: una redefinición de la forma de relacionarse con los regímenes más autoritarios de la región, así como fortalecer la capacidad del sistema multilateral de la Organización de Estados Americanos para aplicar la Carta Democrática y fortalecer las capacidades de la institucionalidad democrática de los países de la región. Unas relaciones renovadas entre Estados Unidos y Latinoamérica, sobre la base del respeto a valores compartidos como la democracia, los derechos humanos y desarrollo sostenible, debe ser el faro que guie el accionar.

Biden ha dicho que quiere liderar un bloque de naciones democráticas que hagan contrapeso a los regímenes y tendencias autoritarias del mundo, América Latina debería ser el principal aliado, y a su vez, el área prioritaria para fortalecer e impulsar la democracia a nivel mundial. Si bien, esto no indica que la región será prioritaria, el hecho de que estos temas muestren una clara vinculación de la política exterior con la política interna de Estados Unidos, produce que la región adquiera una dimensión diferente y con más importancia. Por su parte, América Latina tiene ante sí, una oportunidad única para atender estos grandes desafíos con una administración estadounidense con una mirada más constructiva y dispuesta a liderar respuestas multilaterales a los complejos retos del siglo XXI.