Funcionarios públicos están obligados a vacunarse a partir de hoy
Desde multas económicas hasta despidos, ¿Qué puede pasar si el empleado no se vacuna? En esta nota le explicamos todo lo que implica la obligatoriedad.
Los funcionarios públicos están obligados a colocarse la vacuna contra el COVID-19 a partir de hoy, viernes 15 de octubre.
Así se determinó en el decreto ejecutivo N° 43249-S, firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas.
La directriz apunta a todos los funcionarios públicos del país y también para aquellos empleados privados cuyos patronos así lo determinen.
“Para cuando sean citados por los encargados para tal efecto y de acuerdo con la planificación institucional respectiva, las personas contempladas deberán vacunarse, con excepción de aquellos funcionarios que, por contraindicación médica debidamente declarada, no les sea posible recibir la vacuna contra el COVID-19", indica el decreto.
Desde febrero, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología avaló la obligatoriedad para los funcionarios del Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Cruz Roja Costarricense y aquellos que laboraran en la red de servicios de atención directa en primera línea del Instituto Nacional de Seguros.
Sanciones
Las personas que, sin motivos de fuerza mayor y luego de toda la campaña de sensibilización, decidan no vacunarse estarán expuestos a una multa de un salario base (₡462.000) y serán denunciados ante el Ministerio Público.
Además, según explicó el especialista en derecho laboral, Marco Durante, negarse sin justificación válida a la vacunación obligatoria también podría implicar el riesgo del despido sin responsabilidad patronal.
Asegura que hay varias normas que facultan al empleador a tomar esa sanción sin responsabilidad patronal, pues el trabajador pone en riesgo a sus compañeros con su negativa.
Los ministerios e instituciones del sector público deberán presentar el 5 de noviembre próximo un informe sobre el avance en la vacunación de su personal.
El informe deberá detallar los funcionarios que cuenten con un esquema completo, la cantidad de personas con primeras dosis y también aquellos que hayan presentado una contraindicación médica para esta inmunización, al igual que la cantidad de personas no vacunadas.
Al menos dos funcionarios públicos ya acudieron a la Sala Constitucional diciendo estar en contra del decreto por diferentes circunstancias.
