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Los funcionarios del sector público que rechacen vacunarse contra el COVID-19 serán multados con 462.000 colones y denunciados ante el Ministerio Público.

Esta es una de las medidas que se tomarán ante la entrada en vigor del decreto que establece la obligatoriedad de la vacuna a partir del próximo 15 de octubre.

Sin embargo, antes de que se apliquen esas medidas, los colaboradores públicos serán sometidos a una campaña de sensibilización institucional para que aclaren sus dudas sobre la vacunación y decidan hacerlo lo más antes posible.

Si esa campaña no funciona, los jerarcas deberán dar entre 5 y 10 días hábiles a los empleados públicos para cumplir con esa orden, una vez cumplido ese plazo se impondrán medidas disciplinarias.

El Gobierno también estableció un plazo para que los ministerios e instituciones públicas presenten un informe con el detalle de funcionarios vacunados contra COVID-19. Solo se entregarán datos generales, sin detalles individuales ni sensibles sobre los trabajadores.

El documento deberá incluir la cantidad de personal con el esquema de vacunación completo, la cantidad de personas con la primera dosis, la cantidad con certificado de contraindicación médica para esta inmunización y el número de las personas no vacunadas. Dicho informe debe ser presentado el próximo 5 de noviembre a más tardar.

Para el 26 de noviembre tendrán que entregar otro reporte con la misma información actualizada.

La obligatoriedad en el sector ha generado una ola de críticas, tanto así que ya una funcionaria presentó un habeas corpus contra la medida ante la Sala Constitucional.

En el planteamiento, la recurrente se opone a la aplicación de la dosis alegando que "es alérgica a varios medicamentos y ponerse la vacuna podría significar un riesgo".

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