POR Juan José Herrera | 6 de marzo de 2026, 15:29 PM

El Sindicato de Trabajadores y Jubilados del Poder Judicial (Sitrajud) arremetió contra la decisión del presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, de presentar una consulta de constitucionalidad al proyecto de ley que busca eliminar los vehículos de uso discrecional para magistrados, ministros y presidentes ejecutivos.

En un pronunciamiento público, el secretario general de Sitrajud, Jorge Cartín, aseguró que “la justicia no debe viajar en blindaje” y que ese freno que supone la consulta a la iniciativa es reflejo de la desconexión que tiene la cúpula del Poder Judicial con la ciudadanía.

“En un país que atraviesa una coyuntura económica donde el trabajador promedio debe hacer malabares con el costo de la vida, el mantenimiento de privilegios de movilidad para las altas jerarquías se siente menos como un derecho administrativo y más como una insensibilidad social.

“Mientras el funcionario de a pie y el ciudadano común lidian con un transporte público insuficiente o costos de combustible asfixiantes, el blindaje de la flota discrecional crea una burbuja que aísla a los magistrados de la realidad nacional”, dijo Cartín.

El secretario cuestionó, entre muchas otras, que la autoridad moral de la Corte no debería residir en la marca de sus vehículos sino en la cercanía y empatía con la justicia social.

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Orlando Aguirre presentó una consulta de constitucionalidad a la iniciativa, que debía votarse este miércoles en segundo debate.

“Frenar esta iniciativa es enviar un mensaje de autoprotección en lugar de uno de austeridad solidaria.

“Más allá de la validez constitucional que se busque determinar, la señal política es nefasta: se prefiere el refugio en la norma antes que el gesto de desprendimiento que el pueblo costarricense clama a gritos”, añadió el funcionario.

El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, defendió en entrevista con Telenoticias que la consulta no pretende defender un privilegio, sino resguardar la seguridad de magistrados y otros funcionarios judiciales como el fiscal general, cuyos vehículos pasarían a ser de uso semidiscresional: sujetos a horarios y con placas institucionales.

Teletica.com también consultó a Danilo Segura, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), sobre la posición de los jueces respecto al proyecto y esa consulta.

“El vehículo discrecional es para garantizar la seguridad de funcionarios de alto nivel que podrían ser blancos de interés de la delincuencia o del terrorismo. Entonces, nosotros pensamos que el tema no tiene que verse con el sensacionalismo que, por ejemplo, puede causar el tema de la discrecionalidad en la Asambela, que el carro se usa para hacer política y hacer campañas e ir a pedir votos.

“Desgraciadamente, la tendencia de este Gobierno ha sido cortar recursos e imposibilitar incluso la labor de otros poderes sin ponerse a realmente averiguar si esa situación concreta aquí corresponde a otras necesidades muy distintas. Entonces, nosotros no nos hemos querido meter porque en realidad es un tema en el cual creemos que hasta por el respeto a la independencia de poderes, que este Gobierno parece no conocer, debería no tocarse”, finalizó Segura.

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Actualmente, los carros discrecionales están regulados en el artículo 238 de la Ley de Tránsito, el cual establece que no cuentan con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido.