La Unión Médica Nacional (UMN) interpuso un amparo contra el Consejo de Gobierno por el rechazo de la exdiputada Rocío Alfaro como representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El recurso, suscrito por el presidente del sindicato, Rándall Cabrera, fue cursado para estudio este miércoles por la Sala Constitucional, confirmó su oficina de prensa ante consulta de Teletica.com.
Al caso se le asignó el expediente 26-023697-0007-CO.
La gestión —de la que este medio tiene copia— alega una violación de la Constitución Política; específicamente de los artículos 11 (funcionarios públicos como depositarios de la ley), 28 (no persecución por opiniones emitidas), 29 (libre expresión sin censura previa), 33 (no discriminación) y 60 (sindicalización).
También se estiman transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos, así como al Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Específicamente, el nombramiento de la exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA) fue denegado por su falta de competencia en materia económica, su participación activa en política electoral, un eventual conflicto de interés por familiares que trabajan en la entidad autónoma y un "prejuzgamiento" por opiniones que emitió sobre decisiones institucionales.
"Se están rompiendo los convenios que hay a nivel internacional. Incluso los derechos que nos da la Constitución. Los argumentos que se pusieron por parte del Consejo de Gobierno no son aceptables para nosotros para que no se juramente a doña Rocío Alfaro como la representante del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja", explicó el dirigente en entrevista con este medio.
Antes de acudir al Alto Tribunal, las organizaciones de trabajadores plantearon un recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno. El mismo fue rechazado, según Cabrera.
El presidente de la Unión Médica aseguró que el amparo es tan solo una de las acciones legales que se han valorado y no descartó que, en su momento, se presenten otras gestiones.
Tanto Cabrera como Alfaro han sido enfáticos en que la prioridad es que la Junta Directiva de la Caja se reactive a la mayor brevedad posible, pues consideran que es necesario que ese órgano funcione para la respectiva toma de decisiones.
Sobre el particular, se solicitó una posición a la oficina de prensa de Casa Presidencial, pero la petición se atenderá hasta el 13 de julio próximo, cuando culminen las vacaciones colectivas.