Seguridad descarta que recorte de plazas en Fiscalía afecte allanamientos de la PCD

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) considera que el bloqueo de plazas a la Fiscalía, impulsado por el Ministerio de Hacienda en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027, no tiene por qué afectar los allanamientos que solicita la Policía de Control de Drogas (PCD).

Mediante su oficina de prensa, la cartera indicó a Teletica que para sus operativos existen fiscales y otros funcionarios judiciales a los que les corresponde acompañar y ejecutar los procedimientos necesarios para los operativos de ese cuerpo especializado del Poder Ejecutivo.

"En relación con su consulta, debemos señalar que la situación presupuestaria planteada por el fiscal general (Carlo Díaz) no tendría por qué afectar las acciones operativas que desarrolla la Policía de Control de Drogas", señala la respuesta proporcionada.

El ministerio se dijo comprometido con mantener sus esfuerzos para enfrentar al narcotráfico y a las estructuras criminales, sin detener los operativos contra estas.

La posición de Seguridad Pública dista de la advertencia que hizo el 7 de setiembre pasado en la sesión de Corte Plena el jefe del Ministerio Público, en el sentido de que las normas presupuestarias planteadas por Hacienda para el otro año impactarán 25 puestos de interinos en la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico, lo que afectará la persecución de los casos relacionados con drogas.

"Ya había una crítica incluso, tanto de la Policía de Control de Drogas (PCD) como en algún momento también del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el sentido de que hay un pequeño atraso en las solicitudes que ellos nos hacen. Y estamos hablando de 15 días. Pero con 25 personas menos, no vamos a poder ni siquiera atenderles en este año, en el 2027.

"Las investigaciones de narcotráfico se van a varar. No van a existir. Inclusive pueden correr riesgo las peticiones de prisiones preventivas de esas personas que ya están", alertó el fiscal general.

Precisamente, en reiteradas ocasiones, la presidenta Laura Fernández ha reclamado por la tardanza con la que se atienden las gestiones de operativos de la Policía de Control de Drogas.

El tema fue abordado por la mandataria en el primer y único encuentro que mantuvo con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y otras autoridades del Poder Judicial, el 18 de mayo pasado.

Según la gobernante, ese día se planteó la anuencia de las partes a mejorar los tiempos en la atención de las solicitudes de allanamiento de la Policía de Control de Drogas.

"En 15 días o en un mes ya esa gente ya colocó la droga, ya se fue la prueba, ya se fue la evidencia", declaró Fernández.

Casi dos meses después, el tema fue incluido en la agenda de un Consejo de Seguridad que la mandataria convocó, al que finalmente rechazaron acudir tanto Aguirre como Díaz, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, así como el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Aquella decisión se dio en una escalada de tensiones por los discursos de Fernández contra el Poder Judicial, así como posteriores recortes hechos a esa institución en el plan de gastos de 2026 y de 2027.

Lea también