La diputada del oficialista Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, presentó este martes una propuesta de reforma constitucional para eliminar las potestades de fiscalización previa que hoy tiene la Contraloría General de la República (CGR).
La iniciativa reforma el artículo 184 de la Carta Magna, que precisamente desglosa los deberes y atribuciones del ente contralor.
Así, mientras que hoy la Constitución es clara en que la CGR puede no autorizar órdenes de pago contra los fondos del Estado sin previa autorización, el texto propuesto dice que ese control será "predominantemente posterior".
"Dicho control podrá realizarse de manera continua o posterior a la ejecución de los actos, sin que la validez o eficacia de estos dependa de autorización o aprobación previa de la Contraloría", dice la propuesta.
Además, establece que, cuando por razones de interés público o riesgo fiscal la Contraloría deba realizar revisiones preventivas, estas serán de carácter "no vinculante".
La justificación de esos cambios tan profundos, según Ortega, es evitar que la Contraloría "vuelva a frenar proyectos importantes para el país".
Con esos cambios propuestos, el Estado podría autorizar gastos sin ese refrendo legal y la Contraloría solo funcionaría como un ente auditor.
Sin embargo, la iniciativa únicamente toca un artículo de la Constitución, por lo que todavía resta por ver cómo funcionará la conexidad con otros apartados de la Carta Magna que también atribuyen responsabilidades fiscalizadoras al ente contralor, por ejemplo, en los presupuestos y contratos municipales.
El proyecto deberá ser analizado por el Congreso y eventualmente sometido a consulta de la propia Sala Constitucional para poder aprobarse.
La propuesta llega solo una semana después de que la presidenta Laura Fernández pidiera a los diputados presentar "una reforma fuerte y contundente" a la Contraloría para que no "se le deje a la libre" en sus competencias.
Laura Fernández planteó la necesidad de "revisar la ley" del ente luego de que este le ordenara al Instituto Costarricense de Electricidad cesar el uso de alianzas con empresas privadas para dar servicios a instituciones públicas.