El Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), así como el Colegio de Abogados, manifestaron "su profunda preocupación" con el proyecto que plantea eliminar la incorporación obligatoria.
Mediante pronunciamientos separados, ambas instituciones expusieron una serie de riesgos que consideran se derivan de la iniciativa de la diputada Marta Esquivel, la cual fue dada a conocer este viernes por Teletica.com.
Incluso, ambas entidades adelantaron que emprenderán las acciones necesarias en resguardo de sus gremios.
Desde el punto de vista de la vicepresidenta del Colegio de Abogados, Gabriela Rodríguez, los colegios profesionales están diseñados para resguardar funciones esenciales de interés público, al dar garantía sobre la idoneidad, la ética y la responsabilidad en profesiones que impactan directamente a la ciudadanía.
En ese sentido, agregó que los colegios profesionales ejercen mecanismos especializados de control y protección para fortalecer "la confianza social, la seguridad jurídica y el desarrollo profesional", de forma que se protege a la sociedad de los riesgos derivados de un ejercicio carente de competencia, responsabilidad o ética.
"Debilitar esas funciones sin proveer un sistema equivalente, efectivo y especializado de fiscalización y responsabilidad profesional supone trasladar a la ciudadanía los riesgos que actualmente previene el control ejercido por los colegios profesionales", señaló Rodríguez en entrevista.
Sin embargo, en el caso de ese gremio, además se tiene que este está vinculado con el acceso a la justicia, el derecho de defensa, el debido proceso, la protección de los derechos fundamentales y el control de la legalidad.
De ahí que una abogacía independiente, ética y fiscalizada constituya una garantía para la ciudadanía y un componente esencial para el Estado social de derecho.
"Preservar mecanismos eficaces de fiscalización del ejercicio profesional es también preservar un sistema de garantías construido en función del interés público y de la confianza de la sociedad en sus instituciones", agregó la jurista.
En cambio, el presidente del Colegio de Médicos, Elliot Garita, hizo ver que la institución llevará a cabo un análisis profundo de la iniciativa para determinar sus alcances.
No obstante lo anterior, adelantó que el proyecto dispara algunas alertas tras revisiones iniciales.
"El Colegio ve con profunda preocupación que se pretenda la regulación del ejercicio de la medicina en forma desigual, pues la posibilidad de regulación y vigilancia que realiza el Colegio de Médicos exige de forma indispensable que la totalidad de los profesionales, tanto del sector público como del sector privado, estén debidamente incorporados para garantizar un control ético, científico y, sobre todo, legal, unificado sobre el ejercicio de la profesión", destacó el doctor.
En ese sentido, el especialista recordó que la Sala Constitucional ha sido clara en que la prestación del servicio profesional no constituye un intercambio comercial de mercancías y, dado el interés público detrás de este, no puede ser tratado bajo esquemas puramente mercantiles, como lo plantea la legisladora del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) al suprimir las tarifas mínimas.
Garita agregó que los colegios profesionales ejercen una función social determinante delegada por el Estado, que, en el caso de su gremio, garantiza que la ciudadanía reciba atención médica con rigurosidad y estándares de calidad, con el respaldo institucional necesario para denunciar y procesar cualquier mala práctica.
Otra de las propuestas incluidas en el proyecto de ley tiene que ver con la prohibición a los colegios de la exigencia de cuotas, contribuciones, timbres o cualquier otra carga económica como requisito para el ejercicio profesional.
Esto, desde la perspectiva de la vicepresidenta del Colegio de Abogados, Gabriela Rodríguez, impactará significativamente a las entidades como la que ella representa.
"Los ingresos en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica vienen en dos sentidos. Está el aporte del timbre del Colegio. que está eliminándose específicamente en este proyecto de ley, y la otra parte viene de la contribución de los agremiados. Quienes quieran estar colegiados y quieran estar activos en la profesión, tienen que pagar su colegiatura.
"Si bien es cierto esta colegiatura solo el 20% tiene que ver con los gastos del Colegio, porque lo demás tiene que ver con seguridad social, bueno, somos 37.000 agremiados, entonces realmente quitar el timbre y quitar la colegiatura significa un cierre técnico para el colegio", subrayó la jurista.
Desde esa institución, además, se giró una invitación a todos los colegios profesionales del país para abordar la iniciativa y los efectos que esta puede tener en su funcionamiento.
Está previsto que, para ese fin, se lleve a cabo una primera reunión el próximo miércoles 2 de setiembre.