Un total de 48 organizaciones sociales convocaron este viernes a una protesta para exigir al Gobierno de la República que respete la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La protesta está convocada para el próximo jueves 3 de setiembre, a partir de las 4:00 p. m., y contempla una concentración frente a la sede de la institución más importante del país, en avenida Segunda, en San José.
El movimiento demanda la juramentación de la exdiputada Rocío Alfaro como representante de los sindicatos ante la Junta Directiva de la entidad que vela por la seguridad social.
Ya desde el 9 de junio anterior, el sector eligió a la exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA) para que ejerciera el cargo, pero el 24 de ese mes, el Consejo de Gobierno rechazó la designación al aducir que Alfaro no cumplía requisitos por no tener formación en materia económica y por tener participación activa en política. No obstante, la Sala Constitucional anuló tal determinación el 13 de agosto.
A pesar de lo anterior, el Poder Ejecutivo ha mantenido a Róger Rivera como representante pro tempore de las organizaciones de trabajadores, de forma tal que logró que el máximo órgano de la Caja volviera a entrar en funciones con normalidad y tomara decisiones con directivos a los que los sectores califican de cercanos a los intereses de la actual administración.
"Tenemos el derecho a exigir que sea nuestra legítima representante electa la que esté sesionando en la Junta Directiva, y no la persona que el Gobierno quiere imponer, conforme a sus intereses. Exigimos el respeto a la autonomía de los trabajadores para decidir y el respeto a la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social", comentó a Teletica.com el coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass), Deivis Ovares.
Otra de las consignas tiene que ver con la millonaria deuda que el Gobierno mantiene con la Caja.
Recién el martes pasado, cuando se conocieron los estados financieros del Seguro de Salud, se apuntó que la deuda del Estado asciende a los ₡3,3 billones.