El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya García, cuestionó las declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, sobre una supuesta penetración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial.
Según Araya, llevaba cerca de un mes esperando una respuesta a la solicitud que presentó para que la mandataria aportara pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
El magistrado había solicitado información luego de que Fernández asegurara que el crimen organizado y el narcotráfico se estaban metiendo “hasta en los tuétanos” del Poder Judicial.
El plazo de 10 días hábiles para responder venció este martes 11 de agosto, según lo señalado por Araya, quien calificó el silencio como una ofensa al Poder Judicial.
Las declaraciones de Fernández se produjeron en julio y generaron una reacción de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó los señalamientos y solicitó a la presidenta presentar las denuncias y pruebas correspondientes que sustentaran sus afirmaciones.
Sin embargo, ante el requerimiento del magistrado, Casa Presidencial finalmente remitió una respuesta este miércoles en la que la mandataria reafirma sus declaraciones y sostiene que existen antecedentes y casos judiciales que, a su criterio, evidencian que el crimen organizado ha permeado instancias del aparato judicial.
En la respuesta, Presidencia menciona como ejemplos la situación judicial y extradición del exmagistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa Sánchez, así como distintas investigaciones y procesos que han involucrado a funcionarios del Poder Judicial.
Entre los casos citados aparece el denominado “Talamanca”, ocurrido en 2021, en el que se investigó a un juez penal y a un fiscal por presuntamente facilitar impunidad, devolver bienes decomisados al narcotráfico y alertar a líderes criminales sobre intervenciones telefónicas.
También se menciona el caso denominado “Corrupción en Limón”, correspondiente a los años 2022 y 2023, relacionado con allanamientos y detenciones de técnicos judiciales, defensores públicos y un exjuez. Presidencia señala que en ese expediente se investigaron supuestos cobros de dinero para desestimar causas, alertar sobre futuros allanamientos y beneficiar a personas vinculadas con el narcotráfico.
La lista continúa con los casos “Paso Canoas” y “Sartra”, en los que, según la respuesta presidencial, se registraron fugas de información desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y tribunales de justicia.
El documento señala que fueron detenidos agentes judiciales y técnicos de salas de juicio por su presunta participación en la venta de claves de acceso a sistemas informáticos confidenciales, bases de datos y alertas relacionadas con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína.
Otro de los casos citados es “La Unión”, en el que, de acuerdo con Presidencia, fueron detenidos tres fiscales y tres jueces, entre ellos funcionarios vinculados con la Fiscalía de La Unión y el Juzgado Penal de Cartago. La respuesta los relaciona con investigaciones por presunto tráfico de influencias, cohecho y violación de secretos.
El comunicado también detalló el caso “Madre Patria”, descrito como una estructura de fraude y lavado de dinero que, según el documento, habría contado con la presunta complicidad de jueces y agentes judiciales activos.
Casa Presidencial recomendó al magistrado Araya solicitar al Ministerio Público y a la Sala Tercera un informe pormenorizado sobre el estado de las investigaciones relacionadas con funcionarios judiciales, de acuerdo con las competencias de cada institución.