Política
¿Es legal declarar secreto de Estado documentos y archivos de Fuerza Élite y Consejo de Seguridad?
El abogado Rodolfo Brenes explicó que, aunque ese mecanismo está previsto en la Constitución, no existe una ley específica que lo regule.
La presidenta de la República, Laura Fernández, afirmó que ha llegado al punto de desconfiar de abogados y periodistas que realizan solicitudes de información en materia de seguridad.
El comentario lo realizó durante la conferencia de prensa de este miércoles, cuando se le preguntó sobre las críticas de diversos sectores ante la declaratoria de secreto de Estado que la mandataria decretó tan solo dos días antes para todos los documentos y archivos del Consejo Nacional de Seguridad, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), así como su grupo de trabajo denominado Fuerza Élite.
"Lamentablemente, este país está tan podrido en algunos lugares, por dicha son los menos, que yo desconfío ya de abogados, periodistas, gente que empieza a pedir un montón de información que yo digo: 'Hm, estate y verás que esa información debe ser para una banda del crimen organizado. Esta información es para que las bandas sepan por dónde vamos a atacarlos'. Y no, señores.
"Por eso este decreto lo que hace es blindar las acciones de defensa nacional para que precisamente el Gobierno esté bien protegido y que lo que vamos a hacer, y estamos haciendo, no caiga en manos de los delincuentes", afirmó la gobernante.
Consultada al respecto por Teletica.com, la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper), Yanancy Noguera, señaló:
"Si la presidenta Fernández cuenta con evidencias que sustenten esas afirmaciones, corresponde presentar las denuncias respectivas ante las instancias competentes. La Ley de Acceso a la Información Pública es clara respecto a la obligación de promover la transparencia y garantizar el acceso a la información. Las denuncias deben tramitarse por las vías correspondientes; el acceso a información pública, por su parte, debe garantizarse conforme a la ley".
La mandataria defendió que la información de "relevancia nacional" en la materia permanecerá pública, pero aclaró que se mantendrá bajo reserva todo aquello que "pueda ser peligroso" que la criminalidad conozca.
En esa línea, indicó que lo que se planea hacer confidencial es todo aquello que tenga que ver —según detalló a modo de ejemplo— con el tipo de armas con las que cuentan los policías, los horarios en los que realizan patrullajes, los sitios en los que se llevarán a cabo decomisos de droga o cómo se ejecutarán los operativos.
No obstante, ese tipo de informaciones normalmente no es compartido con los medios.
Lo cierto es que la declaratoria del Gobierno de la República cubre estructuras de mando, expedientes administrativos, adjudicaciones, contratos, recursos tecnológicos, gestiones de control, partidas, rubros de gastos y presupuestos.
Cuestionada sobre ese particular durante la rueda de prensa, la gobernante apuntó que los planes de gastos, al igual que las contrataciones que se hagan, se mantendrán públicas. Pero también hizo ver que hay algunos detalles que considera necesario mantener confidenciales.
"Voy a comentar, por ejemplo, de las pruebas de polígrafo, que ese ha sido uno de los temas más sensibles. A mí me están pidiendo el nombre de la empresa, el técnico que lo aplicó, cuánto le pagamos. Y piense usted que en el futuro yo vaya a aplicar pruebas de polígrafo y que la gente que me preguntó eso sirva al crimen organizado y vaya a contactar al poligrafista por aparte, le de una mordida para que le consiga de previo las preguntas o le de una mordida para que manipule la prueba de algún director de la Policía. Esa es la decisión que yo estoy tomando", comentó la presidenta.
Fernández adujo que ella puede compartir datos como el nombre de la compañía y cuánto se le pagó, pero no ahondar en pormenores que eventualmente puedan exponer al Poder Ejecutivo, pues cree que eso puede ser ponerle "en bandeja de plata" la información a la delincuencia organizada.
Sobre las declaraciones de la mandataria, este medio también solicitó una posición al Colegio de Abogados, sin que se haya recibido respuesta hasta el cierre de esta publicación.