POR Paulo Villalobos | 17 de noviembre de 2026, 18:22 PM
La Casa Presidencial sostiene que acata las resoluciones de la Sala Constitucional relacionadas con la integración de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ante una consulta de Teletica, atendida mediante su oficina de prensa, la Presidencia se desmarcó de los señalamientos de desacato al alto tribunal hechos por los sindicatos tras una reciente reforma que decretó al reglamento para elegir a los miembros de la cúpula de la institución más importante del país, que habilitó una prórroga al nombramiento de Róger Rivera como representante de los trabajadores.
Tras esa designación, el máximo órgano del ente administrador de los hospitales públicos del país pudo volver a sesionar de forma ordinaria, después de casi tres meses, la tarde del viernes.
La modificación introducida mediante el decreto ejecutivo 45985-MP, publicado solo cinco días antes, introdujo la prórroga de nombramientos vencidos de los directivos inmediatamente anteriores en las representaciones sectoriales vacantes, así como la posibilidad de designar miembros temporales "con el fin exclusivo de evitar la paralización en la funcionalidad de la Junta Directiva", como apunta la reforma reglamentaria.
"El mecanismo de prórroga provisional contemplado en el decreto es sustancialmente idéntico al utilizado por la propia Sala Constitucional mediante la resolución 2026-029344, al prorrogar los nombramientos de sus magistrados suplentes para evitar la paralización de ese tribunal.
"Dada la importancia de los servicios esenciales que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social, resulta indispensable garantizar la debida integración y funcionamiento de su Junta Directiva, que no puede permanecer desintegrada por las negativas de la Asamblea Sindical Unitaria", señala la respuesta proporcionada a este medio.
Sin embargo, las organizaciones de trabajadores eligieron desde el 9 de junio pasado a la excongresista del Partido Frente Amplio (PFA) como su representante, pero el Consejo de Gobierno rechazó juramentarla bajo el argumento de que incumplía requisitos legales para el cargo.
Alfaro y los sindicatos han acusado al Poder Ejecutivo de aplicarle criterios diferenciados para impedir la presencia en la cúpula de directivos que fiscalicen y denuncien lo que pasa en la entidad que vela por la seguridad social.
"Lo verdaderamente arbitrario es formular acusaciones de desobediencia y autoritarismo atribuyendo a las sentencias judiciales alcances que no corresponden a lo efectivamente resuelto por la Sala Constitucional. Cabe preguntarse si tales afirmaciones constituyen una tergiversación deliberada de su contenido o si, por el contrario, evidencian una interpretación equivocada producto del desconocimiento jurídico.
"Conviene recordar que la experiencia legislativa y la formación académica no garantizan, por sí solas, conocimientos especializados en Derecho, como tampoco acreditan competencias técnicas en materia económica", indicó la Casa Presidencial al rechazar los señalamientos de desacato.
La prórroga del nombramiento de Rivera —de acuerdo con los términos del decreto y el criterio legal expuesto por el director jurídico de la Caja, Gilberth Alfaro— es provisional, mientras culmina el trámite de la gestión inicial del movimiento sindical.
Entretanto, la Junta Directiva volvió a sesionar este mismo martes, para continuar con la discusión de 449 asuntos que se acumularon durante el tiempo en que el órgano estuvo paralizado.
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