El 21 de mayo pasado, Teletica dio a conocer que la falta de magistrados suplentes en la Sala Constitucional impedía conocer y discutir una solicitud de levantamiento de inmunidad en contra del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el caso que se le sigue por las estructuras paralelas que presuntamente financiaron su campaña en 2022, en la que resultó electo.
Desde entonces han transcurrido 154 días y la gestión, planteada por el fiscal general Carlo Díaz, sigue sin conocerse.
Y es que, hasta la fecha, la Asamblea Legislativa no ha realizado la elección de los jueces sustitutos del alto tribunal.
Si bien el 30 de julio anterior, y frente al bloqueo que mantiene el oficialismo (primero como el Partido Progreso Social Democrático - PPSD y luego como el Partido Pueblo Soberano - PPSO) al proceso, la propia Sala Constitucional resolvió prorrogar provisionalmente los nombramientos de los suplentes a los que venció el 16 de diciembre anterior, lo cierto es que esto no modificó de ninguna manera el trámite que está pendiente en el caso conocido como "Estructuras paralelas".
"La Sala lo que determinó, y así queda muy claro en la sentencia, es que (la habilitación de los sustitutos) es solo para dos supuestos: para conocer de las inhibitorias y las recusaciones en la Sala Constitucional, y para conocer en caso de que haya una incapacidad de un magistrado propietario. Únicamente son esos dos supuestos", recortó en entrevista con este medio el presidente del alto tribunal, Fernando Castillo.
El expediente 22-000116-1218-PE, seguido contra el expresidente de la República (2022-2026) y otros, se encuentra actualmente en el Tribunal de Corte Plena. Dicha instancia la componen los 22 magistrados titulares (o, en su defecto, el sustituto correspondiente).
Del citado proceso penal se apartó el juez de la Sala Constitucional, Paul Rueda, en el tanto que el exmandatario denunció el 19 de julio de 2024 a su hija Jimena por una publicación que compartió en sus redes sociales con un comentario del entonces mandatario sobre una supuesta tala ilegal, acompañado de la frase "ya esto amerita un francotirador". Ese mismo día, el otrora gobernante sugirió al magistrado que se apartara de conocer cualquier proceso que lo involucrara a él.
"Ese supuesto que usted me señala no fue contemplado en la sentencia", afirmó Castillo.
En su momento, la presidenta de la Sala de Casación Penal y actual candidata a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, planteó que, desde su perspectiva, existe una posibilidad de desentrabar el tema y que pueda darse el análisis y la votación sobre si la acusación tiene mérito suficiente para pedir al Congreso que despoje al jerarca del fuero de improcedibilidad del que goza en virtud del puesto que ocupa.
La magistrada señaló a Teletica el 21 de mayo anterior que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habilita al alto juez Paul Rueda a participar de esa discusión, ante la ausencia de suplentes.
Sin embargo, cuestionado al respecto, Fernando Castillo señaló:
"Eso es un tema que correspondería ya directamente a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque la aplicación del 29 es un asunto sobre el cual no hay mucha uniformidad. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente: Nosotros en la Sala Constitucional aplicamos el 29 cuando hay magistrados suplentes".
Hasta el 3 de julio pasado, cuando Orlando Aguirre todavía era presidente de la Corte, el criterio era que la citada norma no aplicaba, porque para poder habilitar al titular (Rueda), tanto este como su suplente deben estar en las mismas condiciones de la inhibitoria, explicó la oficina de prensa del Poder Judicial ante consulta de este medio.
Esto no se ajusta, por cuanto para entonces no había —y siguen sin haber— suplentes nombrados.
"Si no hay magistrados suplentes, estamos ante una ausencia de magistrados suplentes. Lo que corresponde es aplicar el artículo 32, inciso 2.
"Es decir, habría que solicitar a la Asamblea Legislativa el nombramiento de un magistrado ad hoc (para este propósito), siguiendo los mismos procedimientos que existen para efectos de nombrar a un magistrado suplente", añadió el presidente de la Sala Constitucional.
Pero —como reflexiona el alto juez— esa alternativa se vislumbra complicada, en tanto que los diputados hasta ahora se han negado a escoger siquiera un sustituto de una lista de hasta 24 candidatos.
Eso sí, Castillo fue enfático en hacer ver que la interpretación de los mencionados numerales de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponde, exclusivamente, a quien presida la Corte Plena.
Valga resaltar que ese puesto está en disputa y que el próximo 26 de octubre se llevará a cargo la primera ronda de votaciones para elegir al sucesor de Aguirre. Además de Solano, aspiran al mismo Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala de Casación Penal; así como Damaris Vargas, de la Sala Primera.