POR Paulo Villalobos | 25 de agosto de 2026, 10:57 AM
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, presentó un recurso de revocatoria y nulidad absoluta contra el recorte de ₡23.722 millones al Poder Judicial que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, adelantó solicitará a la Asamblea Legislativa vía un presupuesto extraordinario.
La gestión fue confirmada este martes por la oficina de prensa de la Corte ante una consulta de Teletica.com.
El trámite llega un día después de que los magistrados discutieran en privado su estrategia legal para hacer frente a la rebaja, que de ser aprobada por los diputados impactaría severamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público en su combate a la criminalidad.
Aguirre desglosó 10 vicios por los cuales cree que el acto administrativo de Chaves contraviene la ley y la técnica.
Uno de los argumentos más llamativos es que, a criterio del presidente de la Corte, el ministro de Hacienda no tiene la competencia para llevar a cabo un ajuste técnico como el que expuso en el oficio MH-DM-OF-0901-2026 del 18 de agosto.
El recurso recuerda que el artículo 177 de la Constitución Política y el numeral 32 de la Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos establecen que es a la Dirección General de Presupuestos Públicos a la que le compete la materia de los planes de gasto, no al jerarca del ramo.
Precisamente, Chaves indicó en la citada misiva —de la que este medio tiene copia— que desde el 31 de julio "instruyó" a esa instancia la formulación del proyecto de II Presupuesto Extraordinario y II Modificación Legislativa a la Ley 10.836 que contemplara una rebaja de los ingresos corrientes a partir de una certificación de la Contraloría General de la República (CGR), los recortes planteados por las propias instituciones (incluido el Poder Judicial) y el ajuste técnico de ₡23.722 millones derivado de una proyección econométrica realizada por la cartera.
Otros vicios alegados por Aguirre incluyen:
- Fijación arbitraria del monte del recorte.
- Justificación basada en "holguras" inexistentes (el Poder Judicial sostiene que la mayoría de las subpartidas afectadas ni siquiera cuentan con los fondos disponibles que se pretenden rebajar).
- Falta de fundamentación técnica y desactualización (las proyecciones se hicieron a mitad de año, sin contemplar compromisos financieros asumidos para el segundo semestre).
- Violación a la lógica y la técnica presupuestaria.
- Falta de proporcionalidad y equidad.
- Afectación ilegítima de fondos con destino legal específico (como el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que se nutre de aportes obreros, no públicos).
- Desviación de poder y riesgo a la seguridad pública (al debilitar las operaciones del Organismo de Investigación Judicial - OIJ, priorizando las cifras fiscales).
- Violación a la independencia presupuestaria constitucional.
- Uso de un modelo estadístico defectuoso e incierto.
La gestión fue presentada ante Chaves como titular del ramo. Sin embargo, la misma gestión establece que, en caso de que prevalezca la "discrepancia", deberá darse trámite a un conflicto ante la presidenta Laura Fernández, en los términos estipulados en el artículo 177 de la Constitución Política.
Sobre el recurso del Poder Judicial, Teletica.com mantiene en trámite una solicitud ante el departamento de comunicaciones del Ministerio de Hacienda.
Medida cautelar
El recurso formulado por Orlando Aguirre, al que este medio también tuvo acceso, además plantea una solicitud para que se suspendan los efectos del acto administrativo de Rodrigo Chaves, mientras se analiza la gestión y antes de que el tema sea conocido por el Congreso.
La petición de medida cautelar se deriva de algo que advirtió la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, en la sesión de Corte Plena del lunes, y es que, sin importar lo que resuelvan los diputados sobre el recorte pretendido por el Ministerio de Hacienda, "el daño está hecho".
Esto por cuanto que tendrán que reservarse los recursos que se buscan recortar hasta que la Asamblea vote el proyecto de presupuesto extraordinario, lo cual se estima ocurrirá hasta noviembre o diciembre próximo.
Así, de rechazarse la iniciativa de Chaves, el margen del Poder Judicial para ejecutar los fondos resultaría estrecho, lo que le haría incurrir en una subejecución. Esta situación, a su vez, podría castigar los planes de gasto de la Corte en 2027 y 2028.
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"Los recursos no se van a poder ejecutar y eso podría generar un castigo a los presupuestos del Poder Judicial del 2027 y del 2028", explicó el magistrado Jorge Leiva.