Poder Judicial dice que sufrirá afectación incluso si Congreso rechaza recorte pedido por Chaves

"Lamentablemente, a esta altura del año y bajo la dinámica de un presupuesto extraordinario, el daño está hecho".

De esa manera resumió la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, la situación que vive la institución frente al recorte de ₡23.722 millones que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, pretende hacerle este año, vía un presupuesto extraordinario que será conocido por la Asamblea Legislativa.

La funcionaria explicó que, incluso si los diputados rechazaran la modificación que el también expresidente aseguró que iba a presentar en los próximos días, la Corte Suprema de Justicia se verá afectada, pues tendrá que reservar los recursos mientras el Congreso resuelve la solicitud de Chaves.

En el escenario de que los legisladores no aprueben el ajuste técnico propuesto, la resolución al tema llegará hasta noviembre o diciembre próximo, con lo que el margen para ejecutar los fondos sería estrecho.

"Nos enfrentamos a dos opciones. Una es que el presupuesto avance, que la rebaja se materialice y, por supuesto, que eso genere una afectación a la operativa del Poder Judicial y, finalmente, a la ciudadanía.

"Pero también tenemos otro camino. Que se presente este ajuste técnico por parte del Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa haga una valoración y determine la inviabilidad de este ajuste técnico, pero cuando eso se dé adelante ya en este año presupuestario, pues va a ser muy difícil revertir el efecto porque la plata, hasta que eso se decida, va a estar congelada y ya el periodo para ejecutar los recursos va a ser insuficiente", señaló la directora ejecutiva.

Así las cosas, la institución incurrirá en una subejecución; precisamente un tema que Chaves cuestionó a la Corte en reiteradas ocasiones a lo largo de su mandato (2022-2026).

Sobre el particular, el magistrado de la Sala Primera, Jorge Leiva, amplió:

"Movimientos como el que se está pretendiendo hacer en esta cuarta oportunidad, esta cuarta gestión al presupuesto del Poder Judicial, sin lugar a dudas va a tener una seria afectación. Se apruebe el proyecto o no se apruebe el proyecto de presupuesto.

"Si se aprueba, evidentemente la carencia de los recursos va a afectar terriblemente el funcionamiento del Poder Judicial, pero si no se aprueba y los recursos se liberan en noviembre o diciembre de este año y esos recursos no se van a poder ejecutar, no se van a poder invertir en lo que se tiene previsto y eso podría generar un castigo a los presupuestos del Poder Judicial del 2027 y del 2028".

Incluso, la directora ejecutiva fue enfática en que el Poder Judicial ahora está expuesto a reclamos de índole administrativo y judicial, por incumplimiento de contratos y hasta pago de salarios, entre otros.

A lo indicado, Romero agregó que, del ajuste solicitado, ₡17.258 millones no tienen contenido presupuestario; es decir, que el 73% de la rebaja pretendida en realidad no existe, pues son recursos que ya no están disponibles o están comprometidos.

La Corte Plena acordó encomendar a su presidente, Orlando Aguirre, la evaluación de una serie de acciones legales y su posterior interposición. No obstante, las medidas que se van a ejecutar se discutieron en privado y, por consiguiente, se desconoce cuáles son.