¿Cómo afecta el recorte pretendido por Hacienda al OIJ, la Fiscalía y la Defensa Pública?

"Perverso", "significativo" y "grosero". Esos son algunos de los calificativos con los que se llamó, la mañana de este lunes, al recorte de ₡23.722 millones que el Ministerio de Hacienda pretende aplicar al Poder Judicial este año.

Los epítetos vinieron —en orden— del fiscal general Carlo Díaz, el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, así como el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, a quienes se les dio un espacio para referirse al impacto del anuncio que hizo el miércoles el titular del ramo, Rodrigo Chaves.

Estos tres jerarcas hicieron hincapié en que una rebaja presupuestaria como la que el Gobierno de la República planteará a la Asamblea Legislativa impactará directamente las operaciones de los órganos auxiliares de justicia y, consecuentemente, se traducirá en una paralización de procesos penales y el rezago en pesquisas criminales.

"Si no tenemos los recursos para combatir al crimen organizado, podría eventualmente entrar en un caos en el país. Cuando se desarticulan estructuras criminales como las que hemos desarticulado recientemente, se generan espacios de poder que generan violencia y generan caos. Ahí es donde tenemos que hacer nosotros contención criminal permanente para evitar que las estructuras criminales generen más violencia.

"Yo espero que esto no ocurra. Estamos haciendo todo el esfuerzo que podemos con lo que tenemos. De ahí la preocupación por esto que está pasando. Yo debería invertir mi tiempo en la planificación de las investigaciones de estructuras criminales, pero últimamente mis horas y mis angustias han sido pensando si podemos terminar el año con los presupuestos", expuso Soto.

El Organismo de Investigación Judicial es el que recibirá el golpe con mayor fuerza, con ₡9.536 millones de reducción.

Los recortes impactarán 62 partidas de gasto de la Policía Judicial, según su director interino.

"Entre las más significativas y las que más van a afectar el servicio que da el Organismo de Investigación Judicial, tienen que ver con combustible, es decir, toda la movilidad que hace la Policía para realizar sus investigaciones, para atender víctimas, para juntar cadáveres, entre todas las actividades que realizamos.

"Además del tema de viáticos, nuevamente nos impactarían viáticos y no podríamos pagarle a nuestros oficiales para que se movilicen a lo interno del país, siendo que esta es una actividad muy común nuestra cuando hacemos megaoperativos, donde requerimos mover personal de todo el país para hacer una operación en X punto", señaló el jefe policial.

Otras líneas presupuestarias que se verán reducidas incluyen el mantenimiento de la flotilla vehicular y la compra de insumos para las pericias científicas de laboratorio, necesarias para hacer comparaciones genéticas y la persecución de delitos sexuales.

Para Soto, lo más preocupante es que el recorte llega en un momento en el que los homicidios diarios muestran un repunte respecto al comportamiento a la baja que se había alcanzado en los primeros meses del año y que, hasta ahora, ha permitido una reducción de 58 crímenes al viernes pasado.

"No queremos que en este país reine el caos. Que de un pronto a otro esta disminución que hemos visto en los homicidios nos exceda. Actualmente, veíamos cómo los números eran bastante positivos, por ejemplo, en este termómetro de la seguridad. Recientemente, a raíz de todos estos cambios presupuestarios intempestivos y perversos que vienen incluso por parte del Ministerio de Hacienda, ha disminuido nuestra capacidad operativa.

"Y, por supuesto, si se da ese recorte, esa capacidad operativa va a ser mucho mayor. Y esa ganancia, y lo digo con palabras colequiales, de que tenemos menos homicidios con relación al mismo periodo del año anterior que ahorita tenemos de 50, pues puede disminuir", manifestó Díaz.

Pérez, en cambio, criticó la rebaja en el tanto que impedirá que el personal pueda desplazarse a la atención de poblaciones especialmente vulnerables.

Al cabo de la sesión, los magistrados acordaron, por unanimidad, solicitar al presidente de la Corte, Orlando Aguirre, la valoración e interposición de acciones legales (discutidas en privado por razones estratégicas) contra las pretensiones del Ministerio de Hacienda.