Oposición pacta rechazo a "cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo"

El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa anunció, la mañana de este viernes, que alcanzó un acuerdo para rechazar toda reforma constitucional que implique retrocesos en derechos fundamentales o alteraciones a la división de poderes.

Durante una conferencia de prensa, celebrada poco después de iniciada la sesión solemne del 1.° de mayo, pero antes de que se celebrara la elección del Directorio; los 26 representantes de las fracciones de los partidos Liberación Naconal (PLN), Frente Amplio y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), revelaron los detalles del pacto suscrito.

Uno de los puntos incluidos en el documento incluye el impulso de una propuesta para la inclusión de uno de sus representantes en el órgano que debe velar por el orden del Congreso, en desafío a la sólida mayoría con la que cuenta el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y su papeleta.

Sin embargo, la agrupación oficialista hizo alarde de su tamaño desde el primer momento e impuso con sus 31 votos a Yara Jiménez como presidenta, sobre la candidatura de Diana Murillo. Todo hace indicar que la misma suerte correrán en el transcurso del día las otras cinco alternativas propuestas.

Donde la oposición si podrá tener mayor impacto será en la discusión de reformas profundas, de las que requieren un mínimo de 38 votos. Ahí es donde las cuatro bancadas citadas hicieron énfasis al establecer sus "límites para la acción política":

"Las fracciones acuerdan establecer límites claros que orienten su actuación conjunta. No se respaldarán reformas constitucionales que debiliten derechos fundamentales, reduzcan garantías sociales o alteren el equilibro o la independencia entre Poderes. Se rechazarán iniciativas que debiliten la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones. Se reconoce que deben de realizarse reformas para mejorar sus actuaciones, no obstante, esas reformas deben ser técnicas.

"De igual forma, se rechaza cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo o el debilitamiento de órganos de control, reafirmado el compromiso con la transparencia, la ética, la rendición de cuentas y la defensa del sistema democrático".

Pero el acuerdo —que reconoce la diversidad ideológica de los firmantes— también contempla una "agenda común" para la gobernabilidad en siete ejes estratégicos: democracia, seguridad y justicia, desarrollo social, desarrollo económico y competitividad, transparencia y probidad, así como funcionamiento del Parlamento.

Uno de los puntos que se precisa en el acuerdo establece la urgencia de aprobar los nombramientos para las salas de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que se menciona una revisión del sistema de escogencia de magistrados.

También se apunta la necesidad de inmovilizar capitales al crimen organizado a través de la extinción de dominio, de reformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), así como de pasar una ley de ejecución de la pena con un modelo actualizado de gestión del sistema penitenciario que diferencia al crimen organizado de la delincuencia común.

De igual forma, se apunta al establecimiento de un plan de inversión gradual para alcanzar el equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) en educación, como lo dispone la Constitución Política, al regreso a las negociaciones quinquenales del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y a la creación de un sistema independiente de evaluación de calidad.

En materia de salud, se establece un compromiso de defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mientras que en cuanto al sector ambiental se coincide en una revisión de los proyectos alternativos para atender la crisis ambiental derivada del fallido proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Otro punto pactado tiene que ver con la aprobación de una ley para sancionar a los diputados que violenten el deber de probidad, así como otra para regular el lobby parlamentario.

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