POR Eric Corrales | 20 de marzo de 2023, 21:05 PM

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, reaccionó “sorprendido” luego de que la Corte Plena rechazara este lunes extenderle el permiso sin goce salarial para que continúe al frente de esa cartera.

Campos, quien tiene plaza como subdirector del Organismo de Investigación Judicial, necesitaba del voto de al menos 17 de los 22 magistrados para poder extender ese permiso que vence el próximo 7 de mayo. Pero solo obtuvo 10.

“Es un resultado que, en primer momento, me sorprende, pero voy a analizar y ver cuáles son los razonamientos que tuvo la Corte para no autorizar el permiso.

“Una vez analizados estos argumentos, veremos que es lo que procede conforme nuestro ordenamiento jurídico, seremos respetuosos y seguiremos esa línea”, expresó.

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Junto a Campos, también se le negó esa extensión al viceministro de la cartera, Sergio Sevilla.

El jerarca de Justicia agregó que va a conocer a fondo los detalles de la Corte para poder emitir una posición más clara.

“Por el momento, tanto mi persona como los dos viceministros que veníamos del Poder Judicial nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado, orgullosos por lo que hacemos por Costa Rica, en aras de contribuir un poco al tema de seguridad que se vuelve muy sensible, voy a conocer los argumentos de fondo para tener el panorama más claro”, concluyó Campos.

Dentro de esos votos negativos estuvo Julia Varela (Sala Segunda), quien recordó que Campos le habría prometido a ella y a la Corte renunciar a su inmunidad para enfrentarse a la denuncia penal que enfrenta en el Ministerio Público por el presunto delito de peculado, algo que, dijo, no ha ocurrido hasta la fecha.

Junto a Campos, la Corte también le negó esa prórroga al hoy viceministro de esa cartera, Sergio Sevilla, a quien su permiso se le vence el 16 de mayo próximo.

El Poder Judicial aclaró que a esa decisión tomada hoy solo se le permitiría un recurso de reposición o reconsideración.

Con ambas decisiones, tanto Campos como Sevilla (fiscal) estarían obligados a volver a sus puestos dentro del Poder Judicial o bien renunciar a ellos para mantener sus nombramientos políticos.