Autoridades judiciales investigan cuál es el ministro al que mencionan en las llamadas telefónicas intervenidas del caso “Madre Patria”.
Así consta en el expediente, del cual ‘Telenoticias’ tiene copia, y que gira alrededor de fraudes registrales y legitimación de capitales.
Las conversaciones daban cuenta de la estrecha relación entre uno de los imputados, de apellido Herrera, empresario autobusero; un español líder de la organización, de apellido Gómez; un diputado e incluso se mencionó a un ministro.
Este último funcionario no aparece mencionado con nombre, pero las autoridades realizan diligencias y buscan más información que permita determinarlo.
Una de esas pesquisas se relaciona con el reciente decomiso de celulares.
Esta comunicación es del 24 de noviembre de 2023:
"Edgardo le pregunta a Fernando que para dónde va. Fernando (el líder de la organización criminal) responde que para una reunión que tiene con un ministro y un diputado sobre algo de la ruta".
Estas comunicaciones dieron pie a la apertura de un expediente judicial paralelo que identificó al diputado como el socialcristiano Lesley Bojorges.
En ese nuevo expediente, hay comunicaciones entre Bojorges y dos empresarios autobuseros imputados en el caso.
Esto dice la investigación contra el diputado y en la que además se menciona a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales y el viceministro de transportes, Carlos Ávila.
El caso a cargo de la Fiscalía general, al ser un diputado de la República, investiga delitos de tráfico de influencias, pues la organización criminal supuestamente legitimaba dinero producto de los millonarios fraudes registrales invirtiendo en líneas de autobús, para ellos requerían permisos y otros requisitos.
Telenoticias adelantó este miércoles por la tarde que la Fiscalía General decomisó los teléfonos celulares del legislador, la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, el viceministro de transportes, Carlos Ávila, la actual presidenta ejecutiva del IFAM, Marlen Luna, quien para el 2023 era viceministra de Gobernación, y a una funcionaria de la dirección de infraestructura educativa del MEP.
La apertura de los teléfonos celulares permitirá a la Fiscalía buscar más sospechosos en esta investigación que por el momento tiene en la mira al diputado Bojorges y a la alcaldesa de San Ramón.