POR Eric Corrales | 3 de agosto de 2026, 20:09 PM

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció el fin del convenio de cooperación con el Poder Judicial para la realización de audiencias virtuales en los centros penitenciarios.

Según asegura Aguilar, la decisión responde a la preferencia expresada por las autoridades judiciales de retomar las audiencias presenciales.

Lo que permitirá reasignar el recurso policial que hasta ahora se destinaba a estas diligencias, "con el fin de fortalecer la vigilancia, control y seguridad dentro de los centros penitenciarios".

Como parte de la medida, el Ministerio devolverá al Poder Judicial las computadoras, equipos de videoconferencia y demás dispositivos utilizados en la ejecución del convenio.

Balance de audiencias virtuales

Entre enero y junio de 2026, el Sistema Penitenciario Nacional realizó 2.416 audiencias virtuales, distribuidas de la siguiente manera:

  • 944 en juzgados
  • 421 en tribunales de juicio
  • 354 con defensores
  • 697 en otras actuaciones judiciales

Para atender estas diligencias se requirió la participación de 2.775 policías penitenciarios en labores de custodia y coordinación. Solo en el Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad) se efectuaron 159 audiencias virtuales, que demandaron la presencia de 318 policías penitenciarios.

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Esta decisión del Ministerio de Justicia llega pocos días después del rechazo a la audiencia virtual que solicitó el Poder Judicial de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", capturados el pasado 24 de julio en una violenta operación en una finca de Sarapiquí que dejó como resultado ocho agentes judiciales heridos y la muerte de Ronnie Ríos Oconitrillo, mejor conocido como "Coco Guácimo", quien fue abatido tras enfrentarse a los oficiales con armas de guerra.

Por su parte, Patricia Solano, presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dijo ante los diputados este viernes en la Comisión Especial de Nombramientos que eliminar las audiencias virtuales sería una "obstrucción al combate del crimen organizado".

"Es un atraso porque el OIJ es el que hace el traslado a los diferentes tribunales de las personas que están detenidas y tienen que ir a audiencias. Entonces, me parece que es una contradicción cuando hay una ley que trata de potenciar la virtualidad en algunos casos, en materia penal, casi que solo lo hacemos de manera presencial, pero algunas acciones podrían ser virtuales y eso tiene una economía en cuanto a los traslados y que hay que darles de comer, también el costo de lo que es hacer la utilización de salas, el personal custodia, toda la parte operativa que se nos encarece con este tipo de decisiones.

"De alguna manera, esto viene siendo una obstrucción a la persecución que hacemos al crimen organizado; en esto repercuten estos casos. Yo llamo a la reflexión", afirmó Solano.