Diputados llenan de cuestionamientos proyecto para darle capacidades policiales a Recope

Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos expresaron, este martes, sus dudas a la reforma que impulsa la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para, entre otras, darle capacidades policiales a sus funcionarios.

Se trata del expediente 25.206 que Recope ya había anunciado en setiembre pasado y que, además, aumenta las penas de cárcel actuales y crea nuevas para temas como la perforación de poliductos o el transporte ilegal de combustible.

Karla Montero, presidenta ejecutiva de la institución, defendió esa propuesta como una forma de proteger al Estado y la población de una conducta criminal que, insistió, ya está tomada por el crimen organizado.

“Pretendemos blindar al Estado y Recope con herramientas más firmes para frenar este fenómeno y poner sanciones proporcionales al tamaño económico, social y ambiental del daño que provoca y reforzar la seguridad energética”, dijo la jerarca.

La idea es que ese cuerpo, denominado Unidad de Protección Especial de Ductos (UPED), tenga capacidades de detención para facilitar el combate del delito en sitio.

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Sin embargo, aunque los legisladores dijeron compartir ese propósito, cuestionaron sus alcances y la formulación de esas penas.

“Tiene capacidad de detención, tiene capacidad de portación de arma, tiene capacidad de reducción por la fuerza... Entonces son policías, póngale el nombre que quiera, así que hay que cuestionarse si este cuerpo debe estar en Recope o no.

“Esa es una pregunta de fondo del proyecto, es necesario, sí, pero hay que saber dónde ponerlo en la arquitectura del Estado, eso es un tema a resolver”, aseveró el liberacionista Francisco Nicolás.

Daniela Rojas, del PUSC, aseguró que todos los cuerpos policiales del país están sujetos a la Ley General de Policía, pero ese cuerpo de Recope no lo estaría.

“Yo entiendo de por qué plantean esta idea, pero ese cuerpo no estaría dentro de la Ley General de Policía, como otros similares. Me quedan dudas de que hagamos una doble función y la capacidad de Recope para fiscalizarlos”, aseveró.

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También expresó dudas por la obligación que el proyecto da a los comerciantes de certificar a quién vende mangueras y otro equipo especial que hoy es utilizado por los delincuentes para el robo de combustible.

“Que sea el comerciante el que deba certificar que la persona sea quien dice ser o su representante legal puede terminar aumentando el contrabando. Al darle una responsabilidad al comercio que hoy no tiene, podríamos estar castigando al comercio formal”, dijo.

Danny Vargas, también del PLN, expresó sus dudas por cómo se plantean penas más severas para quienes transportan el combustible en lugar de para quien perfora el poliducto, que según es el centro e inicio del delito.

“El que hace la toma lo hace una sola vez y a partir de esa toma se hacen diferentes robos en diferentes momentos, el que transporta el combustible, que en la cadena delictiva es el momento más fácil para hacer detenciones, es como si llevara una bomba durante todo el recorrido, donde ponen en peligro a muchas personas durante muchos kilómetros”, justificó Gerardo Mata, asesor de la presidencia ejecutiva de Recope.

La institución prometió enviar un informe a la comisión y abrir un espacio de diálogo con los diputados en busca de discutir posibles cambios que permitan mejorar la redacción de la propuesta.