La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró la mañana de este lunes que el decreto que firmó sobre el año carcelario tiene como objetivo frenar las reducciones de penas que disponen los jueces mediante supuestas "interpretaciones".
Así lo hizo ver la mandataria durante una entrevista con el programa radiofónico Nuestra Voz, en medio de las críticas que ha despertado el anuncio del decreto (todavía no se conoce el texto), pues abogados como Marco Feoli y Gerardo Huertas coinciden en que el año carcelario históricamente se ha entendido como de 360 días, que es lo que Fernández dice haber introducido.
"Ese decreto lo que busca es cerrar cualquier portillo a interpretaciones de los jueces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el año carcelario fijado en 360 días, pero los jueces aplican interpretaciones donde van reduciendo rápidamente las condenas de los privados de libertad y eso yo no lo pienso permitir. Es más, voy a estar vigilante de si con este decreto se corrigen esas interpretaciones, pero si no, llevaré un proyecto de ley", explicó la gobernante.
Lo que permite tales reducciones, según los juristas consultados por Telenoticias, son los descuentos de la pena contemplados en el artículo 55 del Código Penal, aplicables bajo condiciones como que el privado de libertad trabaje y haya superado la mitad de la sentencia para conseguir tales amortizaciones.
Sin embargo, un decreto no puede reformar o regular lo estipulado en una ley, por tener un rango inferior.
"Yo vivo en Cartago. Hace poco dejaron suelto a un maleante de los más bravos, a un narcotraficante que tenía condena grandísima y no cumplió ni tres años. Y a ese maleante, que vea usted qué cosa, haciendo ejercicio en un gimnasio en Cartago, a la par de toda la gente buena de Cartago, como si no fuera un delincuente, suelto por una barbaridad del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron? Entraron al gimnasio a matarlo, se hizo una balacera y, después de ese triste acontecimiento donde se dio que lo asesinaran al frente de todas las personas, días después hubo otros ajustes de cuentas ahí cerca. Esto es un tema donde yo lo he dicho, puedo poner una policía en cada esquina de Costa Rica, que si la Policía agarra a los maleantes y los jueces los dejan sueltos, no vamos para ningún lado. Es un círculo vicioso", contó la mandataria.
Como parte de su prometida política de "mano dura", Fernández comentó que ya tiene listas seis iniciativas que espera remitir pronto a la Asamblea Legislativa, dirigidas a "blindar e inyectarle eficiencia" a la Corte Suprema de Justicia. Sobre el particular, dijo que incluso pretende reunirse pronto con el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, para discutir los cambios con él.
Otros proyectos que la gobernante dice impulsará incluyen "darle continuidad" al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), al tiempo que prepara un reforzamiento operativo que coordinará con el nuevo ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.