Condenan al Estado a pagar ₡3.220 millones en costas por caso "Reaseguros"

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó al Estado al pago de $7,1 millones —es decir, unos ₡3.220 millones al tipo de cambio actual— en costas por el caso mediáticamente conocido como "Reaseguros".

Lo anterior significa que los costarricenses deberán cancelar ese monto a la parte ganadora del proceso —correspondiente a los expedientes 01-009428-0042-PE y 05-000002-0621-PE— por los gastos en los que esta incurrió durante el litigio, que en este caso se prolongó por 25 años.

De esa cifra, ₡1.368 millones (aproximadamente un 42,47% del total) tendrán que entregárseles al expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), quien fue absuelto de toda pena y responsabilidad por los hechos que se le atribuían.

Un monto idéntico deberá desembolsársele a un hombre de apellido Acuña.

El resto de imputados, de apellidos Corrales, Bonilla y Lara, se repartirán en partes casi iguales ₡485 millones.

Los montos en cuestión se derivan de las acciones civiles resarcitorias (reclamos económicos) presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), según el "por tanto" de la resolución 244-2026, leído la tarde de este martes por la jueza Mercedes Muñoz.

El 85,56% de la cifra total extraída de la condena en costas le fue impuesta a la aseguradora estatal.

Señalamientos y apelación

En una explicación posterior a la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, la jueza Mercedes Muñoz apuntó que la investigación del caso presenta problemas desde su inicio.

Asimismo, la decisora cuestionó el hecho de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió penas altas —en el caso del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, de 132 años de cárcel— con "prueba espuria" como base.

De ahí que el Tribunal Penal de Hacienda decidió comunicar la resolución íntegra al Ministerio Público, para que este haga las valoraciones pertinentes.

Poco después de conocido el resultado del debate, la Fiscalía General emitió un comunicado en el que anunció que hará un "análisis jurídico exhaustivo" de los fundamentos de la sentencia y que procederá con la apelación correspondiente.

"Es importante señalar que, al inicio del debate, el Ministerio Público planteó una gestión de recusación (pedido para separar a un juzgador) contra una de las integrantes del Tribunal (Muñoz), quien presidió el juicio, en virtud de que previamente había emitido una resolución de sobreseimiento dentro de este mismo expediente, razón por la cual debía inhibirse de conocer el mismo. Sin embargo, dicha gestión fue rechazada y la jueza continuó conociendo el proceso.

"Adicionalmente, de lo expuesto en el 'por tanto' de la resolución, se desprenden afirmaciones que, a criterio de la Fiscalía, no se ajustan a los hechos acreditados mediante la prueba incorporada al juicio. Estos aspectos serán desarrollados y valorados una vez que se cuente con el texto íntegro de la sentencia", señala el comunicado.

El Ministerio Público recordó que parte de las evidencias analizadas también fueron valoradas en Reino Unido, donde se dictó una condena por hechos relacionados y contra varios de los funcionarios investigados.

Dicha resolución establece, entre otros aspectos, que el principal acusado en ese país admitió haber realizado pagos a nacionales con fondos provenientes del Instituto de Seguros.

Pero además, en Estados Unidos se sancionó a las empresas que realizaron pagos y otros beneficios —como viajes— a sospechosos dentro de la trama de "Reaseguros".

De ahí que para la Fiscalía resulte pertinente estudiar la fundamentación del fallo emitido este viernes.

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