La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) y su exdirector, Pablo Mena, habrían sido los responsables de la elaboración del polémico cuestionario de contexto incluido en las pruebas FARO, aplicadas semanas atrás. Así lo aseguró, este jueves, el director jurídico del Viceministerio Académico, Fernando Sanabria, ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, quienes investigan el tema.
Sanabria explicó que esa formulación era responsabilidad de la dirección y que, por lo tanto, esta era coordinada por Mena, al tiempo que la encargada de supervisión era la exviceministra Melania Brenes.
Tanto Mena como Brenes renunciaron a sus cargos en medio del escándalo por la aplicación de los cuestionarios.
El exdirector, primero en comparecer ante el órgano legislativo, guardó silencio ante los diputados argumentando la judicialización de la investigación, por lo que no respondió a ninguna de las inquietudes de los legisladores.
El director jurídico precisó que, dentro de la dirección, la elaboración recaía en el departamento de Evaluación Académica y Certificación, que dirige la funcionaria Florlenis Chévez.
Escaso
Aunque afinó un poco sobre responsabilidades, la comparecencia de Sanabria y el también asesor legal del Consejo Superior de Educación, Carlos Rodríguez, no aportó mayor detalle sobre una investigación que avanza lento.
Ambos abogados insistieron en que no pueden precisar quién o quiénes fueron los responsables de redactar los cuestionarios y que ninguna de las direcciones jurídicas fue consultada sobre estos.
En comparecencia ante los diputados, los representantes insistieron, una y otra vez, que la responsabilidad de aplicar esos cuestionarios fue de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP.
Los diputados criticaron que esa práctica se está volviendo una costumbre entre los comparecientes, lo mismo que la falta de respuestas sobre datos y documentos que se prometen a la comisión y no se envían.
Sanabria sí aseguró que, desde su perspectiva profesional, aún no está claro si se vulneraron o no derechos de estudiantes en la aplicación de los cuestionarios.
“El tema es complejo, la Oficina de Protección de Datos -y me sumo a ellos- ha determinado que la administración activa se encontraba habilitada para solicitar esa información, pero que no se siguió el procedimiento idóneo.
“Si las consultas vulneraron o no los derechos de los estudiantes es un tema que está por definirse en las instancias correspondientes”, aseguró.