- Yo soy el presidente de Costa Rica, señores, buenas tardes.
- (En coro) Buenas tardes.
- ¿Cómo están?
- (En coro) Bien, ¿y usted?
- Que Dios los bendiga. Con permiso.
Esa fue parte de la interacción que tuvo el mandatario costarricense Rodrigo Chaves con un grupo de privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, la mañana de este viernes (ver video adjunto).
La particular conversación del gobernante con los reclusos, que hace recordar el típico saludo de escolares a cualquier autoridad, fue grabada por un equipo de comunicación de la Presidencia de El Salvador, como parte de la gira oficial de Chaves en ese país.
Una vez que se vuelve, el mandatario costarricense expone a quienes le acompañan: "Vaya haga eso en La Reforma". Esto en referencia a las condiciones del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.
Precisamente, Chaves ha impuesto severas restricciones en varios módulos de ese centro penal y ha insistido en la construcción de una cárcel con el modelo de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
Los dos mandatarios sostuvieron un encuentro el jueves anterior. Es el tercero que ambos tienen en año y medio.
Al cabo de esa reunión, ambos informaron la firma de la "Alianza Escudo de las Américas", que alienta la cooperación en seguridad y a la cual desean que se sumen otros países de la región.
El gobernante de la nación vecina goza de amplia popularidad luego de que en 2022 declarara la guerra a las pandillas, amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que es criticado por organismos humanitarios.
Con capacidad para 40.000 presos, el Centro de Confinamiento del Terrorismo es considerado el penal más grande de Latinoamérica.
Allí hay unos 15.000 internos acusados de pertenecer a las violentas maras Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18), pero organismos de derechos humanos cuestionan las duras condiciones de reclusión.
El Salvador acumula poco más de 90.000 presuntos pandilleros detenidos, aunque unos 8.000 fueron liberados por falta de pruebas.