El ministro de Seguridad, Mario Zamora, calificó como “circo, show y chiste” el informe legislativo que responsabilizó al Gobierno de Rodrigo Chaves de debilitar el combate a la criminalidad.
En medio de la conferencia semanal previa al Consejo de Gobierno, el jerarca aseguró que esa discusión tuvo un “sesgo político-electoral” al concentrarse solo en la función del Poder Ejecutivo, sin cuestionar las responsabilidades del Congreso o el Poder Judicial.
“En vez de estudiar el problema del narcotráfico en Costa Rica, lo circunscribió a solo el Poder Ejecutivo, cuando en medio de ese periodo hay sentencias de jueces que recibieron dinero a cambio de sentencias judiciales que liberaron personas relacionadas con narcotráfico.
Tenemos antecedentes en la propia Corte y la Asamblea Legislativa, el caso de Celso Gamboa... ¿Por qué no aprovecharon para estudiar todas las conexiones y ramificaciones de ese sujeto en distintas instancias de poder? Pero no hicieron nada de lo que tenían que hacer”, aseguró.
El informe, votado por mayoría, fue suscrito por las liberacionistas Alejandra Larios y Dinorah Barquero, la frenteamplista Priscilla Vindas y la independiente Gloria Navas. Ahí se determinó que la seguridad pública experimentó “un debilitamiento sustantivo” evidenciado tanto en la toma de decisiones del actual Gobierno como en la asignación de recursos y la conducción estratégica del Estado en esta materia.
Para Zamora, el órgano se concentró en convocar en audiencias a actores que cuestionan al Ejecutivo.
“Circunscribieron un 'show' político electoral, solo tuvieron de actores en ese circo a los mismos políticos que participaron en la reciente campaña electoral criticando la acción del Gobierno, solo se basaron en notas de prensa, muchas de ellas sin fuentes primarias.
“Entonces, al final, es un chiste lo que presentan, una vergüenza histórica que, en medio del principal problema de Costa Rica, la inseguridad relacionada con el narcotráfico, esta Asamblea haya perdido esa oportunidad histórica de hacer un trabajo en el cual por lo menos pudieron haber dejado una advertencia de qué medidas de mejora podía asumir el país en esta materia, pero en vez de eso, en paralelo, generaron leyes proteccionistas en contra de las víctimas y siguen siendo parte del problema de no reformar nuestra legislación penal en torno al narcotráfico”, aseveró.
Las diputadas firmantes pidieron remitir copia del informe a la Procuraduría General, la Contraloría General, el Ministerio Público y la Defensoría de los Habitantes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, “valoren la eventual existencia de responsabilidades penales, políticas y administrativas derivadas del ejercicio de la función pública, atribuibles a los jerarcas y funcionarios del Poder Ejecutivo”.
El texto deberá ser conocido —y votado— por el Plenario Legislativo.