Comisión concluye que Gobierno de Chaves ha debilitado combate a la criminalidad

Un informe aprobado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico concluyó que el Gobierno de Rodrigo Chaves ha incidido directamente en el debilitamiento del combate a la criminalidad en Costa Rica.

Se trata del término del expediente 24.697, que durante meses analizó sobre el presunto debilitamiento de las políticas de seguridad pública del país en favor de la delincuencia organizada.

El informe, votado afirmativamente por las liberacionistas Alejandra Larios y Dinorah Barquero, la frenteamplista Priscilla Vindas y la independiente Gloria Navas, determinó que la seguridad pública experimentó “un debilitamiento sustantivo” evidenciado tanto en la toma de decisiones del actual Gobierno como en la asignación de recursos y la conducción estratégica del Estado en esta materia.

“Se determina que múltiples decisiones administrativas relevantes carecieron de sustento técnico suficiente y, en varios casos, se apartaron de criterios especializados, generando impactos negativos en áreas críticas como la vigilancia marítima, el control fronterizo, la formación policial y la gestión penitenciaria.

“Estas actuaciones no solo afectaron la operatividad institucional, sino que contribuyeron a una disminución en la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado”, cita el documento aprobado.

 

El informe, que fue votado en contra por el liberal Gilberto Campos y el independiente Gilberth Jiménez, también sumó el rechazo de la oficialista Pilar Cisneros, quien se retiró del recinto alegando que no se “prestaría al juego” de votar un informe que no conocía, un reclamo que también hicieron Jiménez y Campos.

“Un informe que acaban de presentar, de 80 y pico de páginas, ¿cómo pretenden que uno se ponga a votar a favor o en contra de algo que uno no tiene ni la menor idea de qué se trata? Yo no me voy a prestar a ese juego, me retiro de la comisión porque me parece una barbaridad lo que están pretendiendo forzar”, dijo Cisneros con evidente molestia.

El documento, que ahora viajará al Plenario para su votación final, identifica además “omisiones, fallas de gestión y debilidades en la coordinación interinstitucional” que, según las firmantes, “han favorecido un entorno propicio para el fortalecimiento de estructuras criminales, reflejado en el aumento de la violencia, la expansión territorial del narcotráfico y la reducción en indicadores clave como los decomisos de droga”.

“La evidencia también permite advertir una reducción sostenida de recursos en sectores estratégicos de seguridad, inteligencia y prevención, lo cual configura un factor adicional de debilitamiento institucional, particularmente en cuerpos especializados como la Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Profesional de Migración y el Instituto Costarricense sobre Drogas”, añade el informe.

Por estos hallazgos, las diputadas también pidieron remitir copia del informe a la Procuraduría General, la Contraloría General, el Ministerio Público y la Defensoría de los Habitantes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, “valoren la eventual existencia de responsabilidades penales, políticas y administrativas derivadas del ejercicio de la función pública, atribuibles a los jerarcas y funcionarios del Poder Ejecutivo”.

Este medio mantiene una solicitud a Presidencia para conocer su posición sobre el informe votado.