POR Juan José Herrera | 22 de abril de 2026, 16:52 PM

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), encabezado por el ministro William Rodríguez, solicitó este miércoles a la Sala Constitucional una aclaración sobre los alcances de la resolución dictada por el magistrado Fernando Cruz contra los permisos de tala en el proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo.

El objetivo, según dijo el Instituto en un comunicado de prensa, es tener claro el “alcance, objetivo y subjetivo, de las medidas cautelares adoptadas”.

“El Polo Turístico Golfo de Papagayo es un proyecto declarado de interés nacional y de desarrollo sostenible, regulado por la Ley N.º 6758 y su reglamento. El proyecto es un motor de desarrollo que beneficia a las comunidades de Guanacaste, generando más de 6000 empleos directos e indirectos, por lo cual es importante comprender los alcances de la resolución del 17 de abril para garantizar la seguridad jurídica del proyecto”, dijo Rodríguez.

La resolución de la Sala, en la que Cruz actuó como magistrado instructor, se tomó en medio de la acción de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano de apellidos Xatruch Ovares en contra del reglamento que permite y regula la actividad inmobiliaria en ese polo turístico, una regulación que permitió otorgar los permisos de tala para un proyecto hotelero.

“Hasta tanto no se resuelva, para evitar daños irreparables en el eventual caso de que se declarara con lugar, pero todavía eso es incierto, es una medida cautelar para proteger al máximo las pretensiones y las objeciones en la acción”, justificó Cruz.

Críticas

Las medidas dictadas, que frenan el proyecto turístico, levantaron críticas tanto en el Poder Ejecutivo como entre los concesionarios del golfo.

Este mismo miércoles, el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, arremetieron contra la resolución tomada por la Sala, que dijeron crea inseguridad jurídica en una actividad tan sensible como el turismo.

“Nunca voy a estar de acuerdo en que en nuestro país matemos a nuestra gallina de los huevos de oro, que es nuestra biodiversidad, pero hay una distancia entre la protección y el fanatismo y lo que tiene que ver con generar condiciones que van en detrimento de que una comunidad pueda prosperar.

“Ojalá que las personas radicalistas y que tratan de generar educación falsa pongan las barbas en remojo y se den cuenta de que lo que hacen es generarle al país una enorme inseguridad jurídica con estas cosas”, dijo Fernández.

Por su parte, la Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (Asopapagayo) manifestó su “profunda preocupación y alerta” sobre los posibles efectos ante la resolución, que calificaron como “ilegal y abusiva”.

“Aquí no solo se está frenando un proyecto, se está poniendo en duda la seguridad jurídica del país”, afirmó Rodrigo Castro, director ejecutivo de la Asociación.

“Estamos hablando de un modelo que el propio Estado construyó y ha respaldado durante más de 50 años, que ha sido avalado y ratificado por la misma Sala, por lo que esta abrupta y sorpresiva decisión genera gran incertidumbre”, agregó Castro.

La asociación aseguró que el Polo Turístico Golfo de Papagayo genera entre 4 mil y 5 mil empleos directos, junto a 13.500 empleados indirectos por encadenamientos productivos.

“A esto se suma la actividad constructiva, que en momentos de mayor desarrollo ha llegado a concentrar más de 5.000 trabajadores en un solo día, lo que refleja la magnitud del dinamismo económico que hoy se ve amenazado”, criticó la agrupación.