La Asamblea Legislativa avanzó, este martes, en la solicitud que planteó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para permitir los allanamientos en procesos de extradición.
Se trata del expediente 25.079, impulsado por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado, y que se votó en primer debate.
La propuesta añade un artículo 7 bis a la Ley de Extradición para permitir allanamientos bajo condiciones específicas.
“Cuando exista solicitud de extradición debidamente presentada por el Estado requirente, y haya motivos fundados para presumir que la persona a extraditar se encuentra en un lugar determinado, previa solicitud del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República, la persona juzgadora encargada del proceso de extradición podrá autorizar el allanamiento del inmueble, con el objeto de hacer efectiva su aprehensión”, reza el texto aprobado.
La reforma es clara en que el proceso debe ser realizado por el juez que autoriza, pero este podrá delegar esto a otra autoridad jurisdiccional penal mediante resolución motivada.
“En esta resolución deberá indicarse el lugar a allanar, la autoridad que practicará la diligencia, el motivo de esta, la autorización para secuestrar evidencia, así como la fecha y hora en que habrá de ejecutarse la diligencia”, precisa la iniciativa.
El texto advierte que estas diligencias judiciales podrán realizarse a cualquier hora y día de la semana, incluyendo los feriados.
Actualmente, las personas requeridas para extradición solo pueden ser detenidas en vía pública, lo que supone un reto adicional para las autoridades.
“Nosotros tenemos la limitación de que a cualquier extraditable lo tenemos que detener en vía pública, no tenemos la posibilidad de hacer allanamientos, de utilizar las mismas herramientas policiales que en la actualidad tenemos para detenerlos”, había dicho meses atrás el director general suspendido de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, cuando precisamente pidió al Congreso llevar adelante esa reforma.