Con votos en contra de UCR, U's fijan lineamientos para redistribución "integral" del FEES

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) aprobó, la tarde del martes en su sesión ampliada, los principios que prevalecerán para una eventual redistribución "integral" del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La votación contó con 10 votos a favor y 2 en contra: los de los representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Mediante un comunicado, el órgano comunicó los ocho lineamientos que tendrán que aplicarse de cara a esa reorganización de los presupuestos que reciben las universidades estatales.

Precisamente, la reducción de brechas en la asignación de recursos es una discusión de años, con la que se busca cambiar el modelo histórico, que favorece a aquellas que son más antiguas, sus aportes al Estado y su desarrollo a lo largo del tiempo.

Durante la sesión se acordó que la distribución se haga de forma "integral", de manera que contemple la totalidad del Fondo Especial y no solo de los incrementos que este recibe cada año, al cabo de las negociaciones de la Comisión de Enlace, en las que los rectores definen el presupuesto universitario junto al movimiento estudiantil y el Gobierno de la República.

Esta determinación pretende mayor gradualidad, equidad y sostenibilidad de la partida de gastos de las casas de enseñanza.

Los lineamientos aprobados para la propuesta que deberán desarrollar los rectores incluyen:

• Sostenibilidad financiera del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal: Deberá preservarse la estabilidad de los centros educativos y la continuidad de sus funciones, a través de ajustes progresivos y graduales, sin cambios abruptos en sus estructuras financieras.
• Gradualidad: Los cambios se aplicarán mediante esquemas progresivos y previsibles, fundamentados en criterios técnicos, de manera que a las universidades se les permita la planificación correspondiente.
• Equidad y fortalecimiento del aporte estratégico de las universidades: Se promoverá una mayor equidad en la asignación de los recursos entre las casas de enseñanza para contribuir a reducir las brechas existentes y a fortalecer el aporte estratégico al desarrollo nacional. Para ello, se deberán considerar las diferencias en capacidades institucionales, cobertura territorial, oferta académica, capacidades instaladas y los aportes al desarrollo social y científico.
• Fortalecimiento de la articulación interuniversitaria: Tanto los mecanismos existentes como los nuevos que se puedan desarrollar deberán promover la articulación interuniversitaria, de suerte tal que se priorizará el financiamiento de iniciativas conjuntas, proyectos estratégicos y acciones de interés común.
• Transparencia y rendición de cuentas: Deberá garantizarse que cada una de las instituciones brinde información al Consejo de Rectores para evaluar el impacto de las metas estratégicas que se fortalezcan con la asignación de los recursos.
• Vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES): Se tendrá que contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional, aunque en respeto a la autonomía constitucional de la que gozan las universidades, en fortalecimiento del acceso a la educación superior pública, la generación, la transferencia de conocimiento y la atención de las necesidades de la población.
• Diferenciación institucional y complementariedad: Se reconocerá la diversidad y el valor público de la misión de las casas de enseñanza, sus aportes específicos en investigación científica, la innovación tecnológica, formación profesional, condiciones de las poblaciones atendidas, educación a distancia, desarrollo regional y formación técnica.
• Eficiencia: Se incentivarán prácticas de gestión institucional orientadas a la eficiencia en el uso de los recursos, la optimización del gasto y el fortalecimiento del impacto académico y social de la inversión pública.

El órgano también reiteró la necesidad de garantizar el cumplimiento de los artículos 78 (presupuesto mínimo del 8% del producto interno bruto), 84 (autonomía) y 85 (dotación de patrimonio y creación de rentas) de la Constitución Política, como base para asegurar el financiamiento de la educación superior. Asimismo, se subrayó la necesidad de que el Estado provea los recursos para su asignación estratégica en atención a las universidades con menor participación en el Fondo Especial.

De igual forma, se destacó que el fortalecimiento del presupuesto universitario es clave para ampliar el acceso, la permanencia estudiantil y el otorgamiento de becas.

Este punto se abordó en presencia del ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien apenas una semana antes le planteó a los rectores un congelamiento de recursos para los centros educativos en 2027, durante la segunda y más reciente sesión de la Comisión de Enlace.

También se rescató el papel del Fondo del Sistema (FS), vigente desde 2004, en el financiamiento de iniciativas interuniversitarias y la urgencia de fortalecer la articulación entre instituciones.

Como parte de la discusión, además planteó la necesidad de abrir un debate nacional sobre la inversión en educación como actividad estratégica del Estado y su relación con el desarrollo del país, así como de revisar las limitaciones derivadas de la regla fiscal frente al mandato constitucional.

Respecto a la forma en la que votaron sus representantes, desde la Rectoría de la Universidad de Costa Rica se indicó ante consulta de Teletica.com que, si bien esa institución está a favor del fortalecimiento de las casas de enseñanza superior, en especial las que reciben menor financiamiento estatal, para ello es necesario fortalecer la inversión en ese sector.

En esa línea, agregó que el gasto en educación pasó de un 1,56% del producto interno bruto en 2017 a 1,10% en 2026.

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