La entrevista que el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, concedió a Teletica.com, tuvo repercusión inmediata.
Diferentes sindicatos hicieron circular, la mañana de este martes, una declaración de la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Vivian Chaves, en la que reclamó que si el Gobierno de la República no ha podido valorar con datos su propuesta de ajuste salarial, es porque ha rehuido al diálogo.
"El señor Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, manifiesta que nuestra exigencia de incremento por costo de vida no está acorde a la situación fiscal y económica del país. También manifiesta que la comunicación entre las partes ha sido fluida, pero, por otra parte, también indica que no se han hecho las valoraciones técnicas sobre nuestra solicitud.
"Esa última parte es cierta, no han podido hacer las valoraciones técnicas porque no es cierto que la comunicación ha sido fluida, a pesar de que sí hemos tenido numerosas reuniones de Junta Paritaria en donde no se ven los temas de incremento por costo de vida, porque las autoridades del Ministerio de Educación Pública no están facultadas para aprobar o improbar un incremento por costo de vida", subrayó la dirigente.
Por ello es que, desde el 26 de noviembre anterior, las organizaciones de trabajadores han insistido en la convocatoria de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, que es donde históricamente se han discutido ese tipo de temas.
El titular explicó a este medio que eso, puntualmente, le corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), aunque recordó que la Ley Marco de Empleo Público introdujo cambios relacionados con los ajustes por concepto de costo de la vida.
"(La comisión) es el espacio en donde se plantean las valoraciones técnicas que hacemos por medio de nuestros especialistas en economía. Por eso, compañeros y compañeras, es que no ha habido el momento para poder plantear las justificaciones que indica el señor ministro", replicó Chaves.
Sánchez enumeró una serie de razones por las que desde el Poder Ejecutivo creen que “no coincide” un aumento del 4,22%, como el pretendido por los funcionarios público “no coincide”. Entre ellas, mencionó que Costa Rica no tiene las condiciones económicas ni fiscales para dar un incremento superior al que permite la reserva presupuestaria de ¢32.700 millones que anunció el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el 10 de diciembre anterior.
También indicó que, como parte de las variables que deben considerarse, se tiene que la inflación ha sido cero o negativa en los últimos años.
"En algunos momentos lo ha estado; sin embargo, los especialistas de la Universidad Nacional de Costa Rica han manifestado, según sus estudios, que la inflación en este momento durante los últimos cuatro años va oscilando entre un 8,46%. También otra serie de especialistas en economía han realizado el estudio de la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora del sector público debido al congelamiento del salario durante los últimos casi seis años. Esa pérdida de poder adquisitivo está entre un 10% y un 15%.
"La solicitud mínima que hace Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza para incremento por costo de vida para la clase trabajadora es de un 4,22%, por lo tanto, como pueden notar es un incremento o una solicitud austera que más bien podría valorarse en que sea un poco más alta junto con los otros representantes de los trabajadores del sector público costarricense", indicó la dirigente.
Es por lo anterior que Chaves refuta lo dicho por Sánchez, al tiempo que sostiene que el aumento del 4,22% sí tiene sustento y se apega a la realidad del país.
Lo anterior, si se consideran los constantes anuncios positivos hechos por el Gobierno sobre la situación fiscal del país, añadió la sindicalista.
"Pero entonces, ¿para cuáles costarricenses es ese incremento económico que ingresa el Ministerio de Hacienda? Sabemos que las recaudaciones después de la regla fiscal por medio de las políticas neoliberales del Partido Acción Ciudadana (PAC), no del gobierno de Chaves, han venido teniendo alguna importancia; sin embargo, lamentablemente han estado a la par de exoneraciones a grandes empresas. La ilusión y evasión fiscal hacen que esas políticas no sirvan de mucho; pero, lamentablemente, son políticas que sí golpean a la clase trabajadora.
"La distribución de la riqueza en Costa Rica, lamentablemente, sigue siendo completamente inequitativa y solamente las élites se benefician de esos datos macroeconómicos. Lo que no nos quieren decir es que no están dispuestos a repartir una tajadita de ese pastel para la clase trabajadora, pero sí estuvieron de acuerdo en incrementar el salario de los ministros hace uno o dos años en un 100%. Solo para las élites existen los datos beneficiosos macroeconómicos del país", señaló Chaves.
Para la dirigente, lo solicitado no son ni “privilegios” ni “gollerías”, sino un incremento “justo”, después de casi seis años de remuneraciones congeladas para el sector público.
Las organizaciones de trabajadores han sido insistentes en que, de persistir el aumento sin el diálogo exigido, habrá otro tipo de medidas de presión contra la actual administración a inicios del próximo año.