El caso Diamante enfrenta, desde este martes, una audiencia clave para su destino.
Por los próximos ocho días hábiles, las defensas de los 23 imputados en el escándalo de presunta corrupción, una representación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA); expondrán en el seno del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública las razones por las cuales deben anularse o no las intervenciones de las comunicaciones hechas en el expediente 20-009616-0042-PE.
Esto incluye a los abogados de los exalcaldes, Johnny Araya (San José), Arnoldo Barahona (Escazú), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa), así como el actual gobernante local, Mario Redondo (Cartago), además de personeros de las constructoras MECO, H. Solís y Explotec.
La vista está prevista para iniciar a las 5 p. m. Los intervinientes pueden acudir presencialmente o conectarse mediante teleconferencia. Inicialmente, está previsto que se extienda hasta las 8 p. m.
Dicha audiencia fue programada para conocer actividades procesales defectuosas —figura a través de la cual se cuestionan las actuaciones judiciales en detrimento de garantías— e incidentes planteados por la barra de la defensa contra las escuchas telefónicas.
Ya el 15 de noviembre anterior, uno de los juristas del caso, Francisco Campos, sintetizó en conversación con Teletica.com sobre lo que giran los reclamos.
"El tribunal de juicio acogió los recursos de apelación contra la resolución que declaró ese tema como crimen organizado. Había otra serie de recursos, el tema de las intervenciones telefónicas. Al final, el tribunal también en otra resolución resolvió que le correspondía al juzgado penal redimensionar o dimensionar los efectos de la declaratoria de inmunidad o de ineficacia de la resolución de crimen organizado.
"A partir de ahí, todas las defensas le pedimos al juzgado penal que nos señalara una vista para ver efectos de redimensionar esa declaratoria. ¿Qué significa redimensionar? Al declararse la ineficacia de la declaración de crimen organizado tiene necesariamente que declararse también la ineficacia de las intervenciones telefónicas, de los allanamientos, de prácticamente todo lo que se derivó o que se generó a través de esa declaratoria de crimen organizado, que sin esa declaratoria no se hubiera podido realizar", explicó el abogado de los gerentes de MECO, Alejandro Bolaños y Abel González.
Por su parte, el abogado de Córdoba, Francisco Dall'Anese, explicó que hasta ahora no ha habido un juez que quiera reconocer que, al haberse anulado el procedimiento especial para investigar crimen organizado, las intervenciones resultan ineficaces.
Tanto estos dos defensores, como el del empresario Carlos Cerdas, Éric Ramos, coinciden en que las escuchas y la prueba que derive de ellas, deben ser excluidas de la pesquisa.
Desde el Ministerio Público, la posición es abismalmente opuesta.
"En este caso, se han intervenido comunicaciones. Esta intervención de comunicaciones se realizó luego de un análisis de toda la prueba que se tenía en ese momento y se solicita al juzgado penal, quien se encargó de hacer una valoración de toda esa base probatoria y jurídica, y de esta manera se autorizó por parte del juzgado penal. Se considera que toda la prueba que se deriva de esta intervención telefónica es prueba totalmente válida y útil para ser utilizada dentro de este proceso penal", comentó en entrevista con este medio la fiscala a cargo del caso, Johanna Rodríguez.
La definición sobre este particular es tan solo uno de los varios pendientes que tiene el escándalo de aparente corrupción con contratos de obra pública en el sector municipal.
Si bien hasta la fecha tanto la Fiscalía como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han recabado decenas de informes, han analizado gran cantidad de prueba documental y han entrevistado múltiples testigos; todavía restan por efectuarse otra serie de diligencias.
Por ejemplo, aún debe realizarse la apertura digital de 243 dispositivos electrónicos decomisados en la investigación, así como deben conocerse varias solicitudes de levantamiento del secreto bancario.
La resolución de esos pendientes es necesaria para esclarecer el futuro de la pesquisa.